¿JUSTICIA EN ESPAÑA? ¿QUÉ JUSTICIA?


La renuncia a dimitir del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, tras ser denunciado por uno de los jueces miembros del mismo, por uso indebido de fondos públicos, pone abiertamente en cuestión el funcionamiento y la integridad no ya de un órgano colegiado sino el funcionamiento de la Justicia en sí misma y de sus principios en nuestro país.

La administración de la Justicia cuenta con un amplio historial de irregularidades, episodios desiguales y bochornosos y tratos de favor a los poderosos.

Veamos tres de los últimos ejemplos. El Tribunal Supremo ha ordenado el archivo de la causa instruida contra el banquero Emilio Botín y su familia por la existencia de un depósito o cuenta opaca de 2.000 millones de euros en el banco suizo HSBC. Si se lee el auto judicial se llega a la conclusión, como señala la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que el banquero recibió un trato de favor, al recibir, secretamente, la opción de “regularizar” esta cuenta pagando sólo 200 millones y que según el propio auto los mecanismo de opacidad son tan complejos que resulta imposible determinar el alcance de la totalidad del dinero ocultado.

De paso, otros 670 denunciados de tener cuentas en la misma situación quedan automáticamente indultados con el pago de un simbólico 10 % de la cantidad “opaca”, más de 6.000 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado retrotraer al juzgado de Nules una de las 67 causas que tiene abiertas el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por blanqueo de capitales, ocultación fiscal, prevaricación y uso indebido de fondos públicos. Se estima que esto puede originar un retraso de siete años en la vista final de la causa y que el posible delito haya prescrito en su momento.

Y un tribunal de Madrid ha condenado a cuatro policías al pago de una multa colectiva de 900 euros por la “muerte no accidental” de un emigrante nigeriano.

Contrastando con todo ello, como otro juez de Barcelona ha condenado a un manifestante con una multa de 6.000 euros por hacer una cacerolada delante de una sede de la Caixa, los 47 días que estuvo en prisión una sindicalista de CGT por “quemar dinero falso en público” o los estudiantes valencianos, menores de 13 años, que han sido multados con 6.000 euros por manifestarse protestando por la falta de calefacción en las aulas.

Es decir, que esto no es Justicia, es la ley del embudo. Y que la liviandad, la tolerancia, la exaltación o la sugerencia secreta al poderoso contrastan con el rigor extremo, el autoritarismo y el exceso con el débil o socialmente peligroso inducen, abiertamente, a la incredulidad, al horror, o simplemente al asco.

Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez dijo que “la Justicia en España es un cachondeo”. No es un cachondeo, es una entelequia, por no emplear un nominativo mas contundente, pero mas escatológico.

 

Fuente:  http://lucasleonsimon.wordpress.com/2012/05/25/justicia-en-espana-que-justicia/

DÍVAR CARGÓ AL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL LOS GASTOS DE 20 VIAJES PRIVADOS A MARBELLA


El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cargó a los presupuestos del Consejo los gastos de 20 viajes a Marbella, en fines de semanas, y las estancias en un hotel de lujo en Puerto Banús, según la ampliación de la denuncia hecha por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.

La denuncia ampliada, a la que ha tenido acceso El País, refleja 14 desplazamientos del presidente del Tribunal Supremo a Marbella que no están justificados por actos oficiales y que complementan a los seis primeros incluidos en el escrito presentado inicialmente por el vocal José Manuel Gómez Benítez, del que ELPLURAL.COM se hizo eco este jueves.

18.654 euros
Esa denuncia inicial estaba referida a seis desplazamientos, por importe total de 5.658 euros, todos en fin de semana, pero el vocal no pudo adjuntar las facturas correspondientes porque solo pudo consultarlas y tomar nota de ellas. Ahora, ha podido añadir la información de los otros 14 desplazamientos de Dívar a Málaga, que suman con los otros seis un gasto global de 18.654 euros. “Una miseria”, según consideró Dívar al ser preguntado sobre estos gastos, en la SER.

El fiscal general del Estado ordenó una investigación
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó este jueves abrir diligencias informativas para examinar la documentación sobre los primeros seis viajes denunciados por Benítez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE.

Un delito
La actuación de Dívar podría constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que castiga con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por un periodo entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinara, según afirma el Código, a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones. La Fiscalía tendrá que dar cuenta de la denuncia a la Sala Penal de este Tribunal, que es la competente para llevar los procesos contra aforados como el presidente del Consejo del Poder Judicial.

Un séquito de hasta siete escoltas
De la documentación facilitada a Benítez por el Consejo se deduce que hay cinco viajes, los últimos cuatro desde noviembre de 2011 y el realizado entre el 6 y el 8 de noviembre de 2009, en que Dívar no cargó al presupuesto del Consejo los gastos de desplazamiento en AVE a Málaga. El presidente del Supremo viajaba desde Madrid a Málaga en AVE, clase club, y luego se trasladaba a Marbella acompañado de entre cinco y siete escoltas en dos o tres coches oficiales, cuyos gastos también pagaba el Consejo.

Dívar comenzó a pagar cuando Gómez Benítez preguntó por estos gastos
En 10 de los viajes, Dívar no facturó al Consejo los gastos de alojamiento y manutención, aunque en todos menos en dos incluyó los gastos protocolarios, incluidas las cenas para dos personas en restaurantes y hoteles de lujo de Marbella, como Puente Romano, el Marbella-club Golf Resort &Spa o el Hotel Casino Torrequebrada. Fuentes del Consejo han desvelado que Dívar comenzó a pagar los gastos por desplazamientos, hospedaje y manutención desde noviembre de 2011, cuando el vocal Gómez Benítez preguntó por el detalle de sus facturas de gastos.

 

Fuente: http://www.elplural.com/2012/05/11/divar-cargo-al-consejo-del-poder-judicial-los-gastos-de-20-viajes-privados-a-marbella/

ESTOFADO FRANQUISTA DE JUEZ


Fue Trillo, el entonces portavoz de justicia del PP en el Congreso, quien afirmó que el que los buscaba los encontraba. Su misión dentro del Partido Popular era digna de Homero Simpson: “yo no he sido, no me has visto, no puedes demostrarlo”. Carlos Fabra, con sus gafas de Pinochet, es el más feo.

Pero los trajes elegantes de Zaplana no nos hace olvidar el “yo estoy aquí para forrarme” ni la anulación de los juicios por defecto de forma o alargamiento de los plazos. NI las maneras de señorito malote de Trigo ocultan el caso Yakolev y las mentiras dichas como Ministro de Defensa.

Los delincuentes de cuello blanco conocen bien el sistema en el que han prosperado. Niegan, dilatan -con las posibilidades que da el dinero a menudo obtenido fraudulentamente- los procedimientos hasta lograr la prescripción, buscan encubrir en las urnas los delitos, sobornan o amenazan (¿qué ha pasado con el jurado popular que juzgó el caso de los trajes de Camps?).

Y si un juez es un electrón libre –no hace falta que lo sea siempre: sólo cuando ejerce como tal-, lo asustan, lo acorralan y lo baten. Cuarenta años en los cotos de caza en compañía del Generalísimo producen su experiencia.

Es tan evidente que repetirlo da vergüenza. Los jueces a los que se demostró imparcialidad en el juicio por los crímenes del franquismo -y que tuvieron que dejar esa causa-, están también en el juicio por las escuchas de la red criminal Gürtel. “Si no te cazo por aquí, te cazo por allá”, parecen pensar mientras sonríen.

Hay casos anteriores en donde se realizaron escuchas a los abogados (caso del narco Vioque y del asesinato de Marta del Castillo, por no citar la infinidad de veces que se ha hecho con ETA o su relajado “entorno” (cuando Garzón no molestaba).

Por último, el juez que prosiguió con el caso prorrogó las escuchas  inicialmente solicitadas por la policía (que demostraban que, efectivamente, los abogados estaban haciéndose cargo del ocultamiento del dinero robado por la red).

Aznar dijo que aunque no hubiera armas de destrucción masiva en Irak, aquello mereció la pena para sacar a Sadam Hussein. Sería bueno escucharle qué opina de los abogados de la Gürtel y el juicio a Garzón. ¿Estará de acuerdo en procesar a esos abogados leales con el crimen?

Si interceptar las conversaciones entre abogados y presuntos criminales debilita las garantías de los detenidos –cosa que parece evidente- lo debe parecer siempre. Si así hubiera sido en cada caso, a ningún policía se le ocurriría solicitarlo, a ningún juez se le ocurriría a hacerlo, a ningún fiscal autorizarlo ni a ningún juez sustituto prorrogarlo. Continua llegint “ESTOFADO FRANQUISTA DE JUEZ”

¿Por qué el juez Eloy Velasco no procesó a la presidenta Esperanza Aguirre?


CARLOS TENA

Dar o no otorgar crédito a documentos y/o declaraciones de personalidades de toda profesión y procedencia, para de ahí extraer considerandos, resultandos y demás gerundios propios de la jerga legal, con el objetivo de abrir un proceso, es asunto y competencia de jueces.Hasta ahí, nada que objetar.

Conceder verosimilitud a manifestaciones obtenidas bajo tortura; confirmar la autenticidad de certificados y escritos obtenidos en estamentos policiales, cuyos responsables han sido denunciados a su vez por organismos internacionales, por un más que dudoso cumplimiento de la legalidad, o utilizar como prueba concluyente el hallazgo de archivos en una computadora portátil, que ha sido previamente manipulada por agentes al servicio de un régimen genocida (como en el caso colombiano), es asunto propio del juez Eloy Velasco, uno de los azotes de la divinidad que aterrizó en la Audiencia Nacional (Tribunal del Orden Público), después de servir como máximo representante de la justicia, en una comunidad en la que sus últimos gobiernos, por cierto, continúan bajo sospecha permanente. O sea en la tierra de las flores, de la luz y del amor. Sarcasmos de la vida aún sin explicar.

Las dudas sobre la honestidad y/o capacidad profesional (intelectual, añadiría yo) de este leguleyo, parecen estar más que justificadas, tras la inefable decisión del magistrado de sorprender al mundo con el procesamiento de una ciudadana española, tan pacifista y valiente como Remedios García Albert, por una presunta colaboración con las organizaciones armadas FARC y ETA. O sospechar que un gobierno exquisito en el respeto a las leyes, como el venezolano, ampara a ambos colectivos insurgentes. Continua llegint “¿Por qué el juez Eloy Velasco no procesó a la presidenta Esperanza Aguirre?”