Insulta quien puede

EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
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“Mentir y levantar ilusionantes pero falsas expectativas entre la ciudadanía aprovechando una situación económica y social calamitosa, también debería ser motivo de sanción, pero con penas de cárcel”.
Efectivamente el dicho es cierto: “No insulta quien quiere sino quien puede”. Según el proyecto de Ley de Seguridad y Protección Ciudadana, que bueno es este Gobierno que se preocupa por nuestra protección, que buenos son, según dicho proyecto de ley todo aquel ciudadano que amenace, coaccione, injurie o veje a algún miembro de las fuerzas de orden público, podrá ser sancionado económicamente, es decir: será multado por la propia policía. O sea que ojito, aquí no todo el mundo puede insultar, salvo eso sí los abogados del Partido Popular que llevan la defensa del PP en el caso Bárcenas, que han enviado un escrito al juez Pablo Ruz, en el que pone en tela de juicio el informe de la Policial Judicial, de la UDEF, en el cual se pone de manifiesto que ha habido doble contabilidad en el partido de la derecha, o sea que ha habido “tránsito” de dinero negro, manifestando los abogados que el informe es insolvente y parcial, a más de que la policía cree a “pies juntillas” todo lo que dice Bárcenas. Si esto no es poner en duda la profesionalidad de las fuerzas policiales, si esto no es un atentado contra la imparcialidad de la policía a la hora de emitir un informe, si esto no es tachar de tontos a los funcionarios policiales de la UDEF, es que ya no sabemos cuándo se atenta contra la profesionalidad de la policía y cuando se les insulta de forma total y absolutamente descarada, por muy abogado que se sea no creo que esta condición les faculte para insultar porque una cosa es defender los intereses de sus representados y otra muy distinta cuestionar en sentido muy peyorativo el trabajo de los que en este caso se apoya la justicia para esclarecer un presunto delito, no creo que esta forma de proceder sea la adecuada, en cambio pienso que lo que deben hacer los abogados del PP es demostrar que los presuntos hechos irregulares y por tanto delictivos que haya cometido su defendido no son tales, pero eso se demuestra documentalmente no con simple palabrería y entrando en la descalificación y en el insulto. Tengo mis dudas sobre el hecho de que si la citada ley estuviera ya vigente se sancionaría económicamente a estos abogados, creo que no, en cambio estoy seguro de que si el hecho fuera protagonizado por un ciudadano normal este sí sería multado.
En mi opinión a esta ley, que dicen que es para proteger al ciudadano, le falta un apartado en el que se diga que se sancionará igualmente a todos los políticos gobernantes o no, que atenten e insulten a la inteligencia de los ciudadanos, de este modo podríamos evitar que nos tomaran el pelo como fue el caso de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando dijo aquello de que a Bárcenas se le había despedido haciéndole un contrato “simulado” y se le había pagado en “diferido” la indemnización por despido. O que tanto la Cospedal como Carlos Floriano, nos salgan con la “milonga” de que a Carlos Fabra, después de ser juzgado y condenado a cuatro años de prisión, había que concederle la presunción de inocencia. Y no quiero entrar en la mayor tomadura de pelo que supuso para los españoles el programa electoral que presentó el PP para las elecciones de noviembre de 2011, que era una verdadera mentira y una falta de respeto en todo su contenido, como así ha reconocido el propio Rajoy. Y qué decir sobre la afirmación tanto del Gobierno, como de su caverna mediática, sin olvidad a esos tertulianos/as “justificadores” que aseguran por activa y por pasiva, que la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales se han potenciado. Mentir y levantar ilusionantes pero falsas expectativas entre la ciudadanía aprovechando una situación económica y social calamitosa, también debería ser motivo de sanción, pero con penas de cárcel. Es cruel e indigno aprovecharse del hambre de la gente.
En fin, que está claro, insultan los que pueden, otros no pueden aunque tengan motivos más que sobrados para hacerlo porque hay una ley que se lo impide y claro las leyes, su aplicación, no son para todos pues sabido y comprobado está que la justicia no es igual para todos, aunque lo diga el Rey.

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