La verdad, no la entiendo


EL CRISOL    –    Pascual Mogica Costa

              

    El pasado día 10 la presidenta de la Comunidad de Madrid y heroína de Bombay, Esperanza Aguirre, se reunió en La Moncloa con el presidente del Gobierno y puede que también del “desgobierno”, Mariano Rajoy, y en dicha entrevista la lideresa le propuso a Rajoy que el Estado asuma la gestión directa de Educación, Sanidad y Justicia y que los ayuntamientos se hagan cargo de Transportes y Servicios Sociales, apoyándose en que, según ella, esto supondría un ahorro de 48.000 millones euros para las Comunidades Autónomas ((CCAA). Le puede asegurar y también prometer,  querido lector, que he leído varias veces esta información dada por la prensa y la verdad es que no entiendo eso del ahorro de los 48.000 millones de euros, porque aunque yo soy bastante “cortito” a la hora de asimilar o entender lo que los políticos hacen y dicen, porque si mal no deduzco uno, cualquiera, ahorra cuando tiene unos ingresos y no se los gasta, pero resulta que en el caso de Esperanza Aguirre, no entiendo cómo se van a ahorrar las CCAA tantos miles de millones si al no hacerse cargo  las autonomías de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia, Transportes y Servicios Sociales el Estado no les transferirá el dinero que pueda corresponder para que las autonomías sufraguen el costo de esos servicios al ciudadano, por tanto aquí de ahorrar nada de nada. Si el costo de estas competencias es el que Esperanza Aguirre señala, si no lo pagan las comunidades autónomas porque lo haría directamente el Estado, ¿donde está el ahorro? Al contribuyente le cuesta lo mismo. No creo que Esperanza Aguirre sea tan “reducida”, mentalmente me refiero, para plantear tal cosa ni creo que esta señora haya tomado a Rajoy por tonto o se quiera aprovechar del estado mental del presidente al estar este altamente agobiado y que el presidente cargue con esas responsabilidades y los dirigentes de la CCAA estén ahorrando al propio tiempo que se dedican a rascarse la panza, porque si se les descarga y libera de competencias y por tanto de responsabilidades y encima reciben el mismo dinero ¿qué es lo que van a hacer?  Bueno sí, pueden seguir derrochando los caudales públicos a manos llenas como lo han venido haciendo hasta ahora.

    Dicho lo anterior, y expuesta mi falta de entendimiento a la propuesta de Aguirre a Rajoy, he de decir que no es que me preocupe especialmente pero sí me llama la atención la forma en que Aguirre está manifestándose sobre los últimos acontecimientos acaecidos, huelga general, manifestaciones y concentraciones con relación a las cuales ha dicho que “estos sindicatos caerán como el muro de Berlín” y que “lo último que necesita España es una movilización político y por tanto ilegal”.  Esta forma de expresarse merece la máxima atención por parte de la ciudadanía porque decir lo que ha dicho sobre la caída de los sindicatos y que las movilizaciones políticas son ilegales, es bastante serio y yo diría que hasta grave. Ya no recuerda las manifestaciones que El PP, su partido, organizó contra el Gobierno de Zapatero. Alguien en su partido debería llamarla al orden. Digo alguien porque Rajoy con su agobio y su catatónica actitud, no está en condiciones de hacerlo.

La banca separará el ladrillo en sociedades de liquidación a largo plazo


Publicat a ElPais

El Banco de España y el Gobierno diseñan la salida del balance para recobrar confianza

Las nuevas firmas no estarán controladas por las entidades financieras

Los inversores y expertos internacionales presionan contra la banca española. Y no hay mucho tiempo para transmitir señales tranquilizadoras a mercados. El siguiente paso será crear sociedades inmobiliarias (en el Banco de España rechazan el término “banco malo”, porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria) donde las entidades depositarán el ladrillo en buena parte provisionado y que actuarán como sociedades de liquidación a largo plazo. Faltan detalles por perfilar, pero la decisión de avanzar por ese camino está tomada.

Se trataría de una segunda fase de la reforma financiera impulsada por el Gobierno del PP. Una vez que se ha reconocido un valor más bajo a los activos inmobiliarios (especialmente a los más tóxicos, como el suelo), el siguiente paso sería sacarlos del balance a sociedades en las que bancos y cajas no sean mayoritarios, de forma que se desconsoliden de sus balances, bien porque sean sociedades compartidas por varias entidades o bien porque entren nuevos socios inversores, aunque no será fácil encontrarlos. Las sociedades del ladrillo vivirán unos 10 años. Pasado este tiempo, se saldarían con pérdidas o ganancias.

La cartera inmobiliaria “problemática” asciende a 175.000 millones, que está cubierta con dotaciones en un 54%, una cantidad superior a otros países europeos y a EE UU. El supervisor y el Gobierno quieren extirpar este cáncer sin ayudas públicas, pero admiten que si se aplica un nuevo recorte del valor de los activos inmobiliarios (de entre el 10% y el 15%) algunas entidades podrían necesitar una inyección de dinero público del FROB, que tendrán que devolver.

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