Cataluña no es Europa

Lorenzo Dávila

Expansión

Dentro del marco del Derecho Europeo, uno de los principios básicos es el que hace referencia a el principio de protección de la confianza legítima, de constante aplicación por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cuya jurisprudencia ha de prevalecer sobre el derecho interno de los Estados, incluidas las Comunidades Autónomas, en virtud del principio de primacía del Derecho Europeo.

Es precisamente este mismo Tribunal el que establece que el principio de protección de la confianza legítima constituye un principio general de Derecho Comunitario, que rige las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos en un Estado social y democrático de Derecho, proporcionando el marco de actuación de los particulares en sus relaciones con aquellos poderes públicos, que han de caracterizarse por la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Expresa, en suma, la confianza de los ciudadanos en que la actuación de los poderes públicos no puede ser alterada arbitrariamente y se concibe como una reacción del Juez frente a actuaciones irregulares tanto del Poder Legislativo como de la Administración que se caractericen por sorprender la confianza del destinatario. Y es en varias sentencias de este Tribunal donde se recuerda que los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, debiendo respetarlos las instituciones comunitarias, pero también los Estados miembros.

Este imperativo se impone con rigor especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone. No exige que no se produzcan modificaciones legislativas, sino que más bien requiere que el legislador tome en consideración las situaciones especiales de los operadores económicos y prevea, en su caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas jurídicas.

Dicho de otro modo, se quebranta la confianza legítima cuando, por ejemplo, un operador económico inicia sus actividades bajo el imperio del régimen de exención fiscal a favor, por ejemplo, de los biocarburantes, de forma que realiza, en esta dirección, inversiones costosas, y de pronto se suprime de forma anticipada dicho régimen que afecta considerablemente a sus intereses, máxime cuando éste se efectúa de un modo súbito e imprevisible, sin darle el tiempo necesario para adaptarse a la nueva situación legislativa. Bastará un indicio, establece el Tribunal, para un operador diligente y prudente, de que dicho régimen seguiría aplicándose al menos hasta la fecha de vencimiento prevista inicialmente.

Dicho esto, nos encontramos con que el pasado 14 de marzo de 2012, el Parlament de Cataluña ha aprobado el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos, norma que, en lo que a las obligaciones tributarias de las entidades suministradoras de agua se refiere, supone desconocer el principio de protección de la confianza legítima al que viene obligado por el Derecho Comunitario. Con la norma legal que se reforma, las entidades suministradoras recaudan de los usuarios el canon del agua, que ha de figurar en la misma factura, pudiendo celebrarse convenios fijando un premio de recaudación o cobranza.

Lo gracioso es que en una fecha tan reciente como el 27 de julio de 2011 se celebró un convenio entre la Administración y aquellas entidades fijando el importe de tal premio, con expresa previsión de su duración hasta el 31 de diciembre de 2015, y apenas diez meses de su vigencia y cuando todavía faltan tres años y nueve meses para finalizar la misma, la nueva ley lo deja sin efecto, al convertir a tales entidades en sustitutas del contribuyente, sin derecho a compensación alguna.

Resulta incuestionable que un convenio tan reciente y con tan preciso horizonte temporal hubo de crear una confianza legítima en las entidades suministradoras acerca de tales premios, que ahora no solo se anulan sino que a ello se añaden los gastos correspondientes de repercusión y los riesgos y pérdidas por impagados e insolvencias.

El coste de quebrantarse por los poderes públicos la confianza de empresarios y de inversores anteponiendo a cualquier otra consideración la de allegar recursos a las maltrechas finanzas de la Agencia Catalana del Agua, en lo que podemos estar, en el mejor de los casos, ante un supuesto de “pan para hoy y hambre para mañana”, es tan alto en la situación actual de nuestra economía, que más parece que podemos acabar en el supuesto de “tierras quemadas” para una inversión que depende de una confianza que se tarda años en ganar y que se puede perder en la brevedad de un instante.

One thought on “Cataluña no es Europa

  1. nuncamais

    Desconec el tema. El que sí crec és que l’Agència Catalana de l’Aigua no ha estat mai ben administrada

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