Uno de cada cuatro españoles desahuciados es valenciano

Publicat a ElPais

Los bancos ejecutaron 13.711 sentencias de desahucio en 2011 por impago de hipotecas

La resaca de la fiebre inmobiliaria y el paro pasan factura a los propietarios

Sin casa. Sin dinero. En paro. Y con una deuda de 120.000 euros. Mari Carmen Jiménez, de 35 años, tiene la vida hipotecada. Embriagada por una economía que crecía al 3%, alentadoras perspectivas de empleo y la contundente máxima de “el ladrillo nunca baja” se compró un piso de 90 metros en la calle de Barón de Patraix de Valencia. Corría 2006 y los ingresos de ella y su pareja superaban los 3.200 euros mensuales. Tenía trabajo y un proyecto de vida.

Bankia (entonces Caja Madrid) le concedió un crédito de 180.000 euros, que incluía la vivienda y los muebles. “Para que voy a pagar un alquiler si por un poquito más tengo una propiedad”, se dijo como los 388.773 ciudadanos de la Comunidad que firmaron una hipoteca en 2006, según el INE.

Cuatro años después, comenzaron los problemas. Arreció la crisis y la pareja se quedó en paro. Ella perdió su empleo de camarera y su novio, Miguel Ruiz, de 45 años, fue despedido de una agencia de publicidad de Gandia. Primero, intentaron negociar con el banco una rebaja de las cuotas, que en cuatro años pasaron de 720 euros a 1.300 mensuales. No fue posible. “El banco se negó a ofrecernos una alternativa que nos permitiese pagar la hipoteca y seguir viviendo”, asegura Jiménez. Como plan B, optaron por retardar el infierno burocrático de lo que parecía inevitable, perder el piso. A mediados de 2011, tras un reguero de notificaciones y avisos, se cumplió la amenaza. Los funcionarios judiciales cambiaron la cerradura y su casa pasó a ser del banco. Les habían desahuciado. Esfumada la propiedad, que ya no podrán recuperar nunca, Jiménez arrastra una deuda de por vida de 120.000 euros de un piso que ya no es suyo. Bankia rechazó concederles la dación en pago (saldar la deuda con la vivienda) y la pareja ha vuelto al nido, a la casa de la madre de ella. Sobrevive con los 426 euros que percibe él por la renta de inserción.

Jiménez no es una rara avis. La Comunidad Valenciana encabezó en 2011 los desahucios en España. Se ejecutaron 13.711 sentencias, una de cada cuatro del conjunto del Estado, 1.142 al mes, 37 al día —en Madrid fueron 26—, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Fuimos el epicentro de la fiebre del ladrillo y de las segundas residencias, que son las primeras que se dejan de pagar cuando una familia se queda en paro”, explica Francisco Álvarez, economista de Ética Family Office.

Las hipotecas de las segundas residencias son las primeras que se dejan de pagar

El desahucio es un estigma de por vida. La deuda persigue al moroso hasta que desaparece. Su nombre figurará en bases de datos que le impedirán comprarse una lavadora o pagar un crucero a plazos. El banco vigilará sus bienes, nóminas, ingresos y movimientos. “Sé que me quitarán los ingresos superiores a 960 euros, pero echa la ley…”, dice Jiménez, que admite con humor negro conocer todos los trucos para conseguir su objetivo: “Que el banco no vea ni un euro del dinero que me quiere robar”.

La pareja desahuciada se muestra relajada, ironiza sobre su desgracia. Ya ha digerido el drama de intentar abrir sin éxito la puerta de la que fue su casa. Rafael Cordero, de 51 años, todavía no sabe lo que es eso. Para evitar que ocurra, este camionero en paro vigila día y noche el exterior de su chalet de Calicanto, Godelleta. Sabe que la visita de la comisión judicial está al caer. Dejó de pagar cinco cuotas de 1.500 euros. Y la CAM, la entidad que le concedió un crédito de 80.000 euros en 1998, subastó el inmueble a Banesto por 214.000 euros. El desahucio sobrevuela desde mayo sobre su cabeza. “Hace unos días vinieron unos señores trajeados preguntando si vivía alguien en la casa, cuando me vieron salieron corriendo”, explica el transportista, que llegó a ganar 9.000 euros mensuales como autónomo. Cordero amenaza con “una acción directa” contra la caja alicantina y sus antiguos responsables, a los que califica de “estafadores”. “Cómo puede hacerme esto un banco que estuvo pilotado por personas como María Dolores Amorós”, se queja aludiendo a la exdirectora de la CAM que reclamó una pensión vitalicia de 400.000 euros tras ser destituida por el Banco de España. “Ninguno va a la cárcel”, lamenta contundente. El transportista repasa a diario los 500 contactos de su agenda en busca de empleo. “No hay forma, todo está parado”, dice.

Cordero pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia (PAH), cuyas denuncias públicas —una media de tres al mes— se han convertido en la pesadilla de los directores de sucursales bancarias. El sirio Zyad Abu Ou, de 47 años, consiguió ganar tiempo gracias a las movilizaciones de esta asociación nacida al calor del 15-M y la presión de la asociación de madres y padres el colegio de Torrent donde estudian sus dos hijos menores. Un pequeño triunfo, ya que el mecanismo del desahucio sigue en marcha. Bankia paralizó la ejecución hipotecaria hasta el fin del curso escolar. Solo es un paréntesis. Zyad, parado desde 2007 y sin ingresos, desconoce donde irá a partir del 30 de junio. “No tengo nada”, afirma este hombre que reside en España desde hace tres décadas. Alentado por la euforia económica y un trabajo de aserrador que le reportaba 1.200 euros mensuales, Zyad amplió en 2005 el crédito de su hipoteca para comprarse un coche. El resto de la historia es conocida. Irrumpe la crisis, se desploma la construcción y el paro le impide pagar los 700 euros mensuales del préstamo de 60.000 que firmó en 1998. Tras la retahíla de descubiertos bancarios, impagos y avisos correspondientes, el banco subastó su vivienda en 2011 por la “mitad de la tasación”, según PAH. Zyad teme ahora acabar en la calle. En la Comunidad Valenciana existen 300.000 casas vacías, según un informe de CatalunyaCaixa.

Los bancos obligan a firmar cláusulas confidenciales si hay dación en pago

El colombiano Fernando Simarro, de 45 años, se despojó en julio del “fantasma del desahucio”. Consiguió la primera dación en pago de Valencia. El banco accedió a perdonarle una hipoteca a cuarenta años a cambio de las llaves del piso. La entidad le había regalado en 2007 un crédito de 186.000 euros, que consiguió de forma casi automática, sin avales y sin trabajo fijo, para comprar un piso en El Cabanyal. “Si no me llegan a dar la dación, no sé cómo hubiera acabado mi vida”, explica este hombre, parado, casado y con cinco hijos. Su gesta arrancó tras perder el empleo de 2.000 euros al mes en una empresa de electricidad. Sucedió en octubre de 2009 y Simarro, con una cuota de 1.200 euros, apuró los ahorros durante un año hasta que no pudo más. El dinero se esfumó. Colegio, libros, comida. Acudió al banco y pidió tiempo. La solución que le dieron, más intereses: rebajar la cuota del préstamo a 550 euros cambio de pagar 50.000 euros más al final de la amortización. Lo consideró una estafa. Y declaró la guerra contra la “usura”. “Que vaya la policía y que me saquen del piso”, proclamó en entrevistas en televisión y en diarios gratuitos. Su imagen llorando en la puerta del banco comenzó a resultar incomoda. Había pasado de “cliente pesado” al hombre que concitaba la atención de los medios y se ganaba a la opinión pública con un discurso que disparaba contra el “terrorismo financiero”. Los indignados acampaban en la plaza del Ayuntamiento y la entidad que le dio la hipoteca no quería problemas. En julio de 2011 la directora le citó en su despacho para entregarle un contrato que le liberaba de la deuda. “No me lo creía”, dice.

Ahora vive alquilado en El Cabanyal mientras ultima los ahorros para pagarle el billete a España a su único hijo que le queda en Colombia, donde el impago de una hipoteca comporta pena de cárcel. Según ha podido saber EL PAÍS, varias entidades que han concedido la dación en pago en la Comunidad Valenciana obligan a firmar cláusulas de confidencialidad para evitar que el beneficiario hable con los periodistas.

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