La reforma fiscal


EL CRISOL    –    Pascual Mogica Costa

                       

    Yo no sé por qué motivo, la oposición y los empresarios vienen reclamando de forma constante y machacona que se lleve a efecto una reforma laboral. La reformar laboral ya hace unos meses que ha entrado en vigor y además en su máxima dureza. Si no es “reforma laboral” el meterles el miedo en el cuerpo a los trabajadores pidiéndoles no ya congelar sus salarios sino sacrificar parte de los mismos, hay empresas que lo han hecho en varios plazos y al final han cerrado sus puertas con lo cual se ha demostrado que el mal no está en si ganar más o ganar menos los trabajadores tiene algo que ver con la subsistencia de los puestos de trabajo, sino que por el contrario está en la falta de capacidad de gestión de sus empresas de muchos de los mal llamados empresarios. Lo malo es que esto de bajar los sueldos se da en grandes empresas dirigidas por, dicen, “sesudos” varones cuya incapacidad para regentarlas la quieren disimular asignándose opíparos sueldos y primas que por lo visto no encarecen los costos. Al parecer los sueldos de los directivos son sueldos blancos y blandos que no representan peligro alguno para la supervivencia de la empresa. Si esas medidas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores, propiciando salarios de hambre, no son una “reforma laboral” pura y dura que alguien lo diga.

     Creo que muchos recuerdan el célebre “decretazo” exactamente el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, “de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad”. Si es así, también muchos recordarán que con fecha 28 de marzo de 2007 el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la cual se declaraba que dicho Real-Decreto era inconstitucional por que vulneraba el artículo 86.1 de la Constitución Española. Artículo y apartado que dice lo siguiente: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de los Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general”. Obvio es decir que el Tribunal Constitucional dictó sentencia contraria al contenido del llamado “decretazo”· porque contravenía todo lo que el contenido del artículo 86.1 “de la CE protege, entre ellos  los “derechos deberes y libertades de los ciudadanos”. Esa fue la “reforma laboral” que hizo el PP cuando gobernaba y la que pretender imponer ahora. En su primera intentona el Gobierno de Aznar no tuvo escrúpulo alguno de involucrar al Rey pasándole a la firma un decreto que atentaba contra los derechos, deberes y libertades de los españoles. Esto nos da la medida de cuál es la verdadera intención del PP a la hora de “defender” a los trabajadores. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.

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MKIERDA A TOPE EN EL PP


ARTÍCULOS DE OPINIÓN

* Fernando de Silva
*
FERNANDO DE SILVA
29/05/2009

¿A qué esperan?

Las sospechas de corrupción y de supuestas actividades ilícitas de muchos dirigentes de la derecha están convirtiendo al PP en un auténtico estercolero; no pasa un día sin que conozcamos algo nuevo que les hunde más en el fango, ante la sorprendente indiferencia de sus votantes y -lo que es más preocupante- la falta de reacción del Partido Socialista. Haría falta un Alfonso Guerra que comenzase a llamar las cosas por su nombre, y un buen equipo jurídico que sin piedad atacase en vía judicial a cuantos han osado traspasar la raya de lo permisible. ¿A qué esperan?. No se debe de confundir talante con pasividad, y es preciso que la izquierda se convierta cuanto antes en defensora de la honestidad de la vida pública; en otro caso serán encubridores de las maldades de la derecha.

El tesorero del PP, Luis Barcenas, se permite el lujo de tener en su casa 330.000 euros en billetes de 500, cuyo importe es coincidente con los apuntes de la caja B de Correa como pagado a LB, y el Fiscal parece no enterarse de que es prueba suficiente para inculparle e investigar a fondo una presunta financiación ilegal del principal partido de la oposición

Ayer podíamos visualizar en la web de la Cadena Ser el vídeo del espionaje al Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y a lo más que ha llegado la oposición es a pedir que se reabra la Comisiòn de Investigación cerrada en falso. Tras su visionado todos piensan lo mismo, pero nadie se atreve a reconocerlo públicamente. Si es cierto, como se afirma, que Ignacio González y sus acompañantes entraron y salieron de Colombia sin pasar ningún control ni ser identificados; si es cierto que no consta su estancia en el Hotel en donde se hospedaron; si es cierto que depositaron unas bolsas blancas con contenido desconocido en un domicilio particular; si es cierto que en una conversación durante un desayuno se habló de Bancos suizos para mover cheques y fondos, y si es cierto que era un viaje “oficial” pagado con dinero público, el Fiscal General de Estado debería de actuar de oficio para investigar a fondo los “motivos reales” del viaje. No hacerlo es amparar conductas sospechosas de irregularidades graves, por ser suave en los calificativos.

Es preciso que se investigue judicialmente y se exija a Francisco González que conteste a las siguientes preguntas:

-¿Quién pagó el viaje y cuanto costó?

-De haber sido pagado con dinero público, ¿Quiénes fueron sus acompañantes y por qué circunstancia viajaban con él?

-¿Cual era motivo aparente del viaje oficial?

-¿A quién visitaron en el domicilio particular en donde dejaron depositadas unas bolsas blancas de plástico?

-¿Qué contenían las bolsas blancas?

-¿Es cierto que durante un desayuno fue tema de conversación el cómo mover cheques y fondos en un Banco suizo?

Don Francisco González tiene el derecho constitucional a guardar silencio y no declarar contra sí mismo; pero el Fiscal está en la obligación de investigar e interrogarle. No hacerlo supone una dejación de sus funciones y una permisibilidad para amparar conductas sospechosas.

El todo vale, no vale; ¿A qué esperan?

Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y ejerce como abogado en Asturias desde hace más de 33 años

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