El ejército entra en Totana

EL CRISOL    –    Pascual Mogica Costa

                

    Ha faltado un pelín para que el Ministerio del Interior haya tenido que pedir ayuda al de Defensa para que echara una mano a la policía y a la Guardia Civil porque estas dos instituciones que representan y componen a las Fuerzas de Seguridad del Estado, no daban abasto a la hora de detener, en Totana (Murcia),  a los numerosos implicados en  una trama urbanística.

    Un enorme Tsunami sacude las tierras murcianas donde hay ya más de veinte cargos públicos del Partido Popular que han sido imputados por participar en diversas actuaciones no lícitas ligadas al urbanismo.

    Pero no pasa nada. Todo el mundo tranquilo. Esto no va a ir más allá de la mesa del juez juzgador que reciba de su otro colega, del juez instructor, la correspondiente instrucción del sumario.  Todo lo que afecta a cargos públicos del PP acaban archivándose. Si algún día un investigador sobre causas archivadas que no han llegado a ser tratadas por los tribunales de  Justicia, se decide a investigarlas, este investigador se encontrará con multitud de casos que en su día afectaron a cargos públicos del PP y que no merecieron la más mínima atención por parte del juez de turno. Sin duda alguna, quedará muy sorprendido.

   No voy a hacerme pesado recordando los muchos casos en que se han visto involucrados cargos públicos del PP, pero voy a citar dos: Recientemente se ha archivado el caso del Yak-42 por que el juez de turno ha considerado que “aunque se trata de una conducta grave, los hechos no encajan en el delito de falsedad documental y no revisten relevancia penal”. No creo que haga falta recordar que metieron a los militares fallecidos en los féretros sin identificarles y así fueron entregados a “sus familiares”. El segundo se refiere al alcalde  popular de Alicante, Luís Días Alperi. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha archivado la causa por la adjudicación de tres aparcamientos a la Constructora Ortiz e Hijos. La Fiscalía anticorrupción consideraba que por este hecho se había ocasionado un quebranto a las arcas municipales del orden de los 2,2 millones de euros. Pero el TSJ, sin practicar ninguna diligencia, ha dictaminado que no ve trato de favor al contratista y, como antes he dicho, ha archivado el caso. En dicho dictamen el TSJ manifiesta que: “En este caso hay que distinguir entre la actuación administrativa que, siendo arbitraria, no implica un dolo penal”. El TSJ reconoce que ha habido arbitrariedad y el significado de la palabra “arbitrariedad”, según el diccionario de la Lengua Española, es el siguiente: “Forma de actuar contraria a la justicia, la razón o las leyes, dictada por la voluntad o el capricho”. Creo que queda claro a no ser que la semántica sea una en el caso de los jueces y otra muy distinta en el caso de los ciudadanos de a pie.

    Lo dicho. No pasa “na”. A los del PP, claro. Absténganse los que no sean del PP.

                                              

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