EL ROBO NO LE SALIÓ BIEN AL PP

AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL FISCAL PIDE QUE SE ANULE LA PRIVATIZACIÓN DE LA
FUNERARIA
La Fiscalía Anticorrupción no quiere que la venta del 49% de la funeraria municipal por 0,60 euros (cien
pesetas de 1992) a la empresa Funespaña salga tan barata. Aunque ya hayan pasado 15 años de aquel
episodio, el fiscal pretende que se devuelvan ahora los beneficios obtenidos desde entonces por aquella
operación. “Se deben reintegrar al Ayuntamiento de Madrid las acciones de la Empresa Mixta, así como el
valor real de dichas acciones, […] los dividendos obtenidos por Funespaña, las retribuciones que hayan
tenido los acusados de la Empresa Mixta y la participación en los beneficios antes de impuestos”, pide el
fiscal a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en su acusación definitiva. Además,
demanda “la nulidad de los acuerdos municipales por los que se convocaba la licitación”.
Hasta ahí llegaría la responsabilidad civil que pide el fiscal para los nueve acusados. Entre ellos se
encuentran Luis María Huete (ex primer teniente de alcalde en la época de José María Álvarez del
Manzano, del PP), Simón Viñals (ex concejal de Sanidad y presidente de la funeraria municipal en el
momento de la venta por 0,60 euros), Antonio Moreno (ex concejal de Patrimonio), José Ignacio Rodrigo (ex
asesor del Ayuntamiento y presidente de Funespaña) y los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia (socios
de Funespaña).
Para todos ellos, el fiscal solicita también penas de cárcel, aunque rebajadas respecto a su petición inicial.
Para los responsables políticos (Huete, Viñals y Moreno), el fiscal pide ahora cuatro años y 10 meses frente
a los seis años que reclamó en un principio. A los ex responsables municipales del PP, para los que
también se piden 24 años de inhabilitación, se les imputan los delitos de maquinaciones de precio,
prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El fiscal también solicita penas de 18 años para Rodrigo por los mismos delitos, además de uno contra la
Hacienda pública. Contra los hermanos Valdivia reclama 18 años y siete meses.
Durante el juicio, que acabará en enero, Huete defendió la venta de la funeraria por 100 pesetas a cambio
de que Funespaña “asumiera la deuda y realizara una ampliación del capital”. En ese momento, la Empresa
Mixta debía 2.274 millones. Lo que no dijo, sin embargo, es que esa deuda fue perdonada dos meses
después.
El que fuera interventor municipal de la época, Vicente Arnau, aseguró en el juicio que nadie le consultó a la
hora de decidir privatizar la empresa por 100 pesetas, cuando, según dijo, “valía al menos 1.000 millones”.
Huete justificó la privatización por el “peligro de quiebra”.
(www.elpais.com, 22/11/07)

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