La corrupción Pperil que no cesa

Levante-  E M V, A l i c a n t e

El Cuerpo Nacional de Policía realizó ayer en Orihuela la primera actuación policial promovida por un juzgado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para desmantelar una trama descubierta a raíz de la investigación de presuntos sobornos en la contrata de la basura de la ciudad oriolana. En la llamada «operación Brugal», supervisada por la titular del juzgado de Instrucción 3 de Orihuela y que sigue abierta, fueron detenidas seis personas, entre ellas el empresario oriolano de las basuras, Ángel Fenoll, su hermano Ramón, un hijo de Ángel Fenoll y Javier Bru, un concejal electo por Albatera que el pasado domingo dio la mayoría absoluta al PP para desbancar al PSOE y que hasta ahora trabajaba para las empresas del industrial oriolano, Colsur y Proambiente. La identidad de los otros dos detenidos no trascendió, aunque Europa Press apuntó que uno podría ser el detective que supuestamente se encargó de realizar las grabaciones de unas cintas que motivaron la investigación. El hermetismo sobre el resultado del dispositivo policial fue máximo, aunque fuentes cercanas al caso aseguraron que se trata de una operación «sin precedentes» en la provincia.

La Comisaría Provincial movilizó desde primera hora de la mañana de ayer a agentes del Grupo de Delincuencia Económica, del Grupo de Crimen Organizado y de la Brigada de Seguridad Ciudadana para detener a los implicados en la trama de corrupción tras una investigación de varios meses que ha supervisado un juzgado de Orihuela y en la que las pesquisas de los agentes y las intervenciones telefónicas han puesto al descubierto presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, extorsión y falsedad de documentos.
La operación se desencadenó a raíz de la investigación de presuntos sobornos para «amañar» el resultado de la adjudicación del contrato de recogida de basuras en Orihuela. Ángel Fenoll distribuyó a la prensa en marzo de 2006 unas grabaciones de audio y vídeo en las que aparecía junto al entonces concejal Jesús Ferrández. El edil de Centro Liberal describía en la conversación presuntas ofertas de comisiones de tres millones de euros para el alcalde José Manuel Medina, el edil del PP Antonio Franco y el concejal Jesús Ferrández de la empresa Urbaser para «amañar» el resultado del concurso a su favor a cambio de conseguir el contrato. El día después de que la mesa de contratación dictara que Urbaser era la mejor ubicada, el empresario, que quedaba relegado al tercer lugar, difundió la conversación a los medios. El concurso se paralizó tras estallar el escándalo y así continúa. Ferrández presentó una denuncia por injurias y calumnias ante la Fiscalía Anticorrupción contra Fenoll, que fue archivada. En el curso de esas diligencias, Briones obtuvo las cintas y abrió otra investigación que se ha mantenido en el más estricto secreto.
Los efectivos del Cuerpo nacional de Policía iniciaron los registros desde de las once de la mañana y se prolongaron durante toda la jornada. Los registros se efectuaron en el domicilio de Javier Bru en Albatera, en el vertedero que Proambiente tiene entre Abanilla (Murcia) y la pedanía oriolana de La Murada, en las oficinas de Colsur en la calle Obispo Rocamora de Orihuela y en varias propiedades residenciales del empresario Fenoll en el término municipal oriolano.
El abogado José Luis Zambudio, que ha ha asumido la defensa de los detenidos, manifestó que le llamaron para hablar con los arrestados pero al llegar a la Comisaría de Orihuela le comunicaron que no podía entrevistarse con sus clientes al estar realizando unas diligencias. El hijo de Ángel Fenoll llegó a primera hora de la tarde a la Comisaría Provincial de Alicante y quedó detenido como presunto autor de tráfico de influencias, cohecho, falsedad y extorsión. Su padre y el hermano fueron trasladados a última hora de la tarde a los calabozos del Elche al estar llenos los de Alicante, y el destino de los otros tres apresados se desconocía anoche. La Policía agotará probablemente el plazo máximo de 72 horas para interrogar a los detenidos antes de que pasen a disposición judicial en Orihuela.

89 respostes a “La corrupción Pperil que no cesa

  1. Para condenas las de los Albertos, y es que Federico no quiere reconocer que los jueces nunca han condenado a pena de carcel a pepero alguno, y si alguno le han condenado lo han perdonado, o sea estos del PP nunca no van a la carcel.

  2. FEDERICO

    TODO SON IMPUTACIONES,NINGUNA SON CONDENAS.Por lo que señor marceli hasta que no se demuestra lo contrario nadie es culpable,por cierto le pregunto por enésima vez,haber si esta vez no mira hacia otro lado y me contesta,¿¿recuerda usted a un tal ROLDAN?? ¿¿y a un tal BARRIONUEVO?? estos creo que si que tenian condenas¿¿ O NO?? JAJAJA.

  3. Las Palmas de Gran Canaria
    La Sala de lo Civil y Penal del TSJC acaba de hacer pública la sentencia por la que condena al presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, y a su ex yerno, José María Pérez Palma, a pagar una multa de 5.400 euros cada uno como autores de un delito de intrusismo.

  4. Ayuntamiento de Cieza, gobernado por el PP con mayoría absoluta, condenado por acoso moral a Pascual Camacho Alarcón, coordinador de Servicios Urbanos del Consistorio.

  5. Pilar Valiente Calvo, militante del PP, se vio obligada a abandonar la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por tráfico de influencias con Pilar Gimenez-Reyna, presidenta de Gescartera y encarcelada por estafa.

    Pilar Valiente abandona la presidencia de la CNMV por el escándalo Gescartera

    Las sospechas sobre el trato de favor que Gescartera recibiera desde sectores de la CNMV han sido confirmadas con la aparición de unos dietarios de su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, incautados en la sede de la agencia de valores

  6. José Pena Rábade, alcalde del PP, en Begonte, Luego, condenado por acoso sexual.

    La comisión de gobierno de Begonte, integrada por el alcalde, José Pena Rábade, y los tenientes de alcalde José Antonio Graña Correa, José Castro Gómez y José Ulla Rocha, acordó en junio el despido de la técnico en asesoramiento económico del Ayuntamiento porque no había hecho dos estudios que se le habían encargado.

    La trabajadora, que desempeñó su puesto durante cuatro años y cuatro meses en el Concello, interpuso una demanda contra ese acuerdo, al entender que fue objeto de acoso moral.

  7. Benito Alonso Melgosa, concejal del PP de Ortuella (Vizcaya) condenado por haber intentado abusar de su guardaespaldas, de quien pretendió que le hiciera una felación. El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha dictado sentencia por la que impone una pena multa de 12.000 euros al concejal del PP de Ortuella (Vizcaya) Benito Alonso Melgosa, por haber intentado abusar de su guardaespaldas, una mujer de 22 años, de quien pretendió que le hiciera una felación. Los hechos ocurrieron en junio de 2001, cuando la joven, que pertenecía a una empresa de seguridad de Bilbao, desempeñaba su oficio acompañando al concejal. Éste la hab ía trasladado en su coche hasta Laredo (Cantabria). Durante el viaje, Alonso llevó la conversación sobre cuestiones que ya a la mujer le parecieron insinuantes, incluyendo un relato sobre las relaciones sexuales que el ahora condenado había mantenido con su esposa.

  8. Y Algo más grave.
    Seis detenidos por planear la muerte de Salvador Miralles, alcalde de Torrelles de Foix. El constructor Isidro A.T., militante del pp, ha sido detenido, habiéndosele incautado, en el registro domiciliario, un rifle con mira telescópica, munición, y fotografías que evidencian que los detenidos habían hecho seguimiento de la víctima. También se ha aportado al juez la grabación con la oferta de € 50.000 a Sebastián B.S. para que ejecute el asesinato. Como móvil inculpatorio, la policía ha establecido el interés del constructor en la recalificación de 15.000 metros cuadrados de zona verde y de equipamiento deportivo, en residencial; recalificación a la que se oponía el alcalde…

  9. Bartolomé Rubia, más conocido como “Bartolín”, contó a todo el mundo que había sido secuestrado por ETA, pero lo cierto es que no estaba secuestrado ni estaba muerto, que estaba tomando caña.

    A pesar de tener a todos los testigos y todas las pruebas en su contra, aun después de procesado y condenado, seguía insistiendo “ha sido ETA”. Aun hoy dicen en La Carolina (Jaén) que sigue contando su batallita a las niñas de 15 años: “No os preocupéis, que todo se va a saber”.

  10. Isaac Prado Villapol

    Alcalde del PP en O Vicedo, Lugo. Condenado a seis años de cárcel por los delitos de atentado contra la autoridad y amenazar de muerte al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Lugo

  11. Sanción por el caso Eurobank
    La gestión de Coronel de Palma (Alfonso) ha sido polémica en la CEU, lo cual provocó en su momento algunas dimisiones. Pero ha sido criticado sobre todo por su implicación en el caso Eurobank, por la que tiene una sanción del Banco de España de abril de 2004, que le inhabilita a ejercer cualquier cargo en la administración o dirección de cualquier entidad de crédito.

  12. Manuel Vílchez Troya

    Edil y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pedro Martínez Granada. Condenado a seis años de prisión por la Audiencia Provincial de Granada “por un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de lesiones imprudentes y un tercero de tenencia ilícita de armas con el atenuante de reparación del daño”.

  13. Ginés Sanchez Larrosa

    Concejal del PP de Orihuela, denunciado por una trabajadora por acoso sexual. Desconozco en qué quedó la cosa, y si hubo condena. El PP le abrió un expediente.

  14. Carlos Fernández

    Concejal del PP en Labastida, Álava. Condenado junto a otros seis encausados por la Audiencia Provincial a dos años de prisión por un delito de narcotráfico. Ignacio Gil, alcalde del PP en la misma localidad fue detenido en la misma operación policial acusado de un delito de tráfico de drogas, aunque no condenado.

  15. Miguel Pérez Villar, Consejero de Economía de la Junta de Castilla y León por el PP -nombrado directamente por José María Aznar-, condenado por prevaricación y cohecho.

    Coloco aquí el que estaba situado en el número 1, y así dejo en el mensaje inicial únicamente la lista, cosa que tendría que haber previsto mejor al comenzar el hilo, como hago otras veces, pero me precipité.

  16. Mohamed Rabeh Hamido, Secretario General de Nuevas Generaciones del PP. También asesor del Grupo Parlamentario Popular en Ceuta. Condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por narcotráfico

  17. El alcalde del Ayuntamiento lugués de O Vicedo, Isaac Prado Villapol, dimite de su cargo tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad, después de amenazar de muerte al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo. Tras 25 años en el cargo, Prado Villapol se había convertido en uno de los alcaldes más antiguos de Galicia.
    Prado Villapol llegó a frecuentar muchos años la amistad de Manuel Fraga, con quien jugó asiduamente al dominó. El alcalde dimitido también fue mano derecha del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, y asesor del ex-conselleiro de Sanidad y luego ministro, José Manuel Romay Beccaría, hasta que se vio implicado en una serie de denuncias y querellas de la oposición que le llevaron a ser un asiduo de los juzgados (Febrero 2001).

  18. Ignacio Velázquez, ex presidente de la ciudad de Melilla y ex presidente del Partido Popular local, presenta su renuncia como consejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno local y diputado de la Asamblea melillense, tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo, el pasado 12 de diciembre, de la sentencia que le condenaba por prevaricación a seis años y un día de inhabilitación para cargo público.
    (Enero 2002).

  19. Gabriel Cañellas Font, perteneciente al Partido Popular, tiene el “honor” de ser el único presidente de una Comunidad Autonónoma (la de Baleares) que ha sido condenado durante la democracia. Un Nixon a la española. Lo fue por cohecho y prevaricación.

  20. Jesús Ares Vázquez, alcalde del PP en el municipio de Toques condenado por pederastia. El nombre del pueblo es carpetovetónico aplicado a este caso.

    En su defensa alegó que “no hubo penetraciones, que habría sido lo grave”. En su descargo Manuel Fraga dijo que: “Este caso se limita a una conducta incorrecta…. el alcalde ha actuado de buena fe”.

  21. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al alcalde de Ponferrada (León), el popular Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 1 y 2 del Código Penal, cometido sobre la que fue su concejal de Hacienda, Nevenka Fernández. El Tribunal le ha impuesto una pena de nueves meses de multa, con una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria.

  22. 31.- MANUEL SORIANO, ex JEFE de GABINETE de ESPERANZA AGUIRRE, PROCESADO por ACOSO SEXUAL.

    32.- MIQUEL MUNAR, CONCEJAL del PP en ALGAIDA, PROCESADO por PEDERASTIA.

    33.- DIMAS MARTÍN, PRESIDENTE del CABILDO de Lanzarote por el PP, CONDENADO por COHECHO, MALVERSACIÓN, ESTAFA

    34.- ENRTIQUE GIMÉNEZ REYNA, hermano de Pilar Giménez-Reyna encarcelada por estafa-, ex SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA con el PP, se vio obligado a abandonar su cargo TRÁFICO DE INFLUENCIA en la ESTAFA DE GESCARTERA.

    35.- SALVADOR GIL, militante del PP y chofer de EDUARDO ZAPLANA, CONDENADO por AGRESIÓN.

    36.- Fernando López-Amor, ex diputado del pp, y ex director general de RTVE, condenado por malversación…

  23. 25.- MANUEL RODRIGUEZ DE CASTRO, del PP, DELEGADO DEL GOBIERNO en la ZONA FRANCA DE , PROCESADO por DESFALCO.

    26.- LUIS RAMALLO, ex DIPUTADO del PP, se vio OBLIGADO a ABANDONAR la vicepresidencia de la CNMV RECIBIR SOBORNOS del PRESIDENTE DE GESCARTERA.

    27.- PELAYO ROCES, DIPUTADO del PP, CONDENADO por INJURIAS al delegado del Gobierno en Asturias.

    28..- CAMILO HERNANDO, PROCURADOR regional del PP y SECRETARIO REGIONAL de organización de este partido, CONDENADO por MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS.

    29.- CARLOS FABRA, PRESIDENTE de la DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN por el PP, PROCESADO por FRAUDE Y FALSIFICACIÓN.

    30.-JAVIER VALENZUELA, DIRECTOR general de ECONOMÍA de la Junta de CASTILLA Y LEÓN por el PP, CONDENADO por PREVARICACIÓN.

  24. 20.- El TRIBUNAL DE CUENTAS reclamó al GOBIERNO AZNAR 50 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. EL PP afirma que se han ‘’EXTRAVIADO’’.

    21.- PILAR VALIENTE, militante del PP, se vio obligada a abandonar la presidencia de la CMNV por TRÁFICO DE INFLUENCIAS con PILAR GIMÉNEZ REYNA PRESIDENTA DE GESCARTERA.

    22. AYUNTAMIENTO de CIEZA, GOBERNADO por el PP , CONDENADO por ACOSO MORAL PASCUAL CAMACHO ALARCÓN, coordinador de Servicios Urbanos del Consistorio…

    23.- El TRIBUNAL DE CUENTAS imputa MALVERSACIÓN, por 60 MILLONES DE EUROS, al Ministerio de Trabajo gestionado por EDUARDO ZAPLANA.

    24.- MARÍA ANTONIA TORRES, CONCEJAL de urbanismo de TELDE en Gran Canaria por el PP, y ex consejera del Cabildo Insular por el pp, detenida y PROCESADA por COHECHO, ESTAFA, PREVARICACIÓN.

  25. 14.-IGNACIO VÁZQUEZ, ALCALDE de MELILLA por el PP, CONDENADO por PREVARICACIÓN.

    15.- JUAN JOSÉ CAZORLA, ALCALDE del PP en FUERTEVENTURA, CONDENADO por EXTORSIÓN Y COHECHO.

    16. ISMAEL ÁLVAREZ, ALCALDE del PP en PONFERRADA, CONDENADO por ACOSO SEXUAL.

    17.-BENITO A. MELGOSA, CONCEJAL del PP de ORTUELLA (Vizcaya) CONDENADO por haber intentado ABUSAR DE SU GUARDAESPALDAS, de quien pretendió que le hiciera una FELACIÓN.

    18.-JOSÉ PENA RABADE, ALCALDE del PP, en BEGONTE, CONDENADO por ACOSO SEXUAL.

    19.-CIPRIÁ FLUIXÁ, ALCALDE de XERESA por el PP, CONDENADO por PREVARICACIÓN.

  26. 7.-CARLOS FRENÁNDEZ, CONCEJAL del PP, en LABASTIDA, CONDENADO por NARCOTRÁFICO

    8.- GINÉS SÁNCHEZ CONCEJAL del PP de ORIHUELA, CONDENADO por ACOSO SEXUAL.

    9.- MANUEL VÍLCHEZ, CONCEJAL del PP, CONDENADO por INTENTO DE HOMICIDIO Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS

    10. ISAAC PRADO , ALCALDE del PP en O VICEDO, LUGO, CONDENADO por delito deATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD Y AMENAZAS DE MUERTE, al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Lugo.

    11.- JOSE MARÍA PEÑA, ex ALCALDE de BURGOS por el PP, CONDENADO por PREVARICACIÓN.

    12.- DIEGO LUIS BAÑO, ASESOR del grupo municipal del PP en MOLLET, DETENIDO por PERTENENCIA A BANDA ARMADA NEONAZI.

    13.- LUIS FERNANDO CARTAGENA, ex CONSEJERO de Obras Públicas, ex DIPUTADO y ex ALCALDE de ORIHUELA por el PP, CONDENADO porFALSIFICACIÓN, Y MAVERSACIÓN DE FONDOS

  27. CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PP

    1.-MIGUEL PÉREZ VILLAR, Consejero de Economía de la Junta de Castilla y León por el PP -nombrado directamente por JOSE MARÍA AZNAR-, condenado por PREVARICACIÓN Y COHECHO

    2.-ANTONIO MÉNDEZ POZO, empresario de la construcción AFILIADO al PP y AMIGO PERSONAL de AZNAR, CONDENADO POR ESTAFA

    3.-JESÚS ARES VÁZQUEZ, ALCALDE del PP en TOQUÉS -qué apropiado el nombre- (Coruña),CONDENADO POR PEDRASTIA… en su defensa alegó que “no hubo penetraciones, que habría sido lo grave”…en su descargo MANUEL FRAGA manifestó: “Este caso se limita a una conducta incorrecta…. el Alcalde ha actuado desde la buena fe”…

    4.- GABRIEL CAÑELLA, del PP, único PESIDENTE en BALEARES, CONDENADO por COHECHO Y PREVARICACIÓN…

    5.- MOHAMMED RABBIN, SECRETARIO GRAL. de NUEVAS GENERACIONES del PP, y asesor del grupo parlamentario del PP en CEUTA, CONDENADO POR NARCOTRÁFICO

    6.- JOSE MARÍA TABARES, PP,, Director del IVEX ,CONDENADO POR ESTAFA

  28. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Medina del Campo condenó al pago de una multa de 800 euros, al teniente de alcalde y concejal del PP, Fidel Lambás, por una falta de injurias a la portavoz del PP, Ana Vázquez, a la que en tres ocasiones, según determina la sentencia, llamó puta.
    Iván Lozano-Agencia EFE

  29. El caso del empresario de Orihuela afín al PP Ángel Fenoll y sus grabaciones comprometidas de las que aún hay mucho que exprimir, su afinidad delincuencial con Luis Fernando Cartagena, ex multilabores del PP valenciano devenido en empresario, y con una condena por malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil. El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, del PP, está procesado por un presunto delito de prevaricación y la concejal popular de Alicante, Sonia Castedo, está imputada por el caso de las concesiones. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia compatibilizó la Concejalía de Fomento con un puesto en una promotora que apoyó un proyecto prohibido por Medio Ambiente. No consiste nada más que en hacer la cuenta de la vieja. Extraña ética la del partido de la oposición, que mira la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio. Tal vez la respuesta esté en su propia percepción del heredado término privilegio, al que consideran de su absoluto disfrute desde siglos pasados, a través de ramas terratenientes.

  30. El PP mantiene en sus puertos a más de una decena de altos cargos imputados por corrupción urbanística como los alcaldes de Alicante (Luis Díaz Alperi), Orihuela (José Manuel Medina), Torrevieja (Pedro Hernández), Tui (Pontevedra, Antonio Fernández). También obvió que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal; que el concejal de Urbanismo de Rota, Antonio Peña, está imputado, y que la concejal popular Antonia Torres de Telde (Gran Canaria) ha estado en prisión por cohecho, tráfico de información privilegiada, cobro de comisiones, entre otros delitos. Además, el ex director de Industria de Canarias del PP, Celso Perdomo, cumplió prisión por cuatro delitos, y el director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto, dimitió tras aprobarse una recalificación de suelo a sí mismo.

  31. El Tribunal Supremo condena al alcalde de la localidad de Xeresa en Valencia, a multa de 76 millones de pesetas (456.769 euros), 10 años de inhabilitación especial, y un año de prisión por los delitos de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente.

  32. El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma “injusta” un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 euros para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó ayer el periódico La Verdad.

  33. FEDERICO

    no conteste marceli que ya veo su “democracia”,en cuanto alguien le ataca con verdades usted prefiere mirar hacia otro lado,siga siga con sus “SUPUESTAS” acusaciones.

  34. delito” en la operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja que le reportó una ganancia de 5,2 millones de €. El fiscal remitió al juzgado de Torrevieja la denuncia presentada por el grupo de Esquerra Unida (EU) contra el alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputaba al alcalde los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. EU presentó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Hernández Mateo, tras trascender a la opinión pública que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí.

    El alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000 €. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones de €. La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor, propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Este promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde. (22/02/06)

  35. TORREVIEJA: EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE

    El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4 millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.

    La acusación pública también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación agrícola, “y criar perros”. A parte, el ministerio público propone al juez instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca. Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja.

    Este no es el único capítulo turbio de este alcalde: A raíz de la lectura y análisis de las correspondientes escrituras, se ha conocido que el mismo día que el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor.

    Además, la finca que Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta empresa “solo 18 días antes” de formalizar la operación de venta al dirigente popular. Demasiada casualidad, ya que la misma empresa fue también la que compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil había adquirido por 180.000 € dos años antes. Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de €. Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una separación de tres kilómetros de distancia el alcalde venda a 4.000 pesetas/m2 a Eden del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro”.

    El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, detectó hace un año “indicios de

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    no conteste marceli que ya veo su “democracia”,en cuanto alguien le ataca con verdades usted prefiere mirar hacia otro lado,

  37. ORIHUELA: LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL ‘CASO ORIHUELA’ Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS PRUEBAS A PRACTICAR

    La titular del Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario, cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres informes externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma Montaño, rechazó inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los Juzgados de Orihuela.

    El fiscal remitió el escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio público y, por tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación.

    Pero José Manuel Medina da para mucho más: Un nuevo capítulo en el caso de irregularidades urbanísticas se ha registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP. En esta ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien ha decidido abrir un expediente “informativo” sobre la reclasificación de unos terrenos protegidos en el paraje de Las Asomadas. La institución pública quiere comprobar si se han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para la aprobación del proyecto urbanístico en esta zona.

    Actualmente José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencia. Los presuntos delitos están derivados de su uso privado de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas urbanísticos. Estos planes de urbanismo, según la Fiscalía Anticorrupción, han sido desarrollados en zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron recalificaciones de suelo, no justificadas para el Ministerio Público. Precisamente, esas recalificaciones son las que van a investigar la conselleria de Territorio y Vivienda para comprobar si se cumplieron todas las condiciones exigidas para su aprobación. Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido edificar en esos 373.943 m2 de suelo que estaba protegido. (29/03/06)

  38. BENIDORM: 15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA GENERALITAT

    El portavoz del PP en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, benefició a los hoteles de esa ciudad en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana. Zaplana otorgó en 2001 a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de una modificación puntual del plan general que permitió a ciertos establecimientos turísticos exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%. A la medida, que se denominó premio hotelero, se acogió una quincena de hoteles con el compromiso verbal de aportar a cambio al Ayuntamiento unas compensaciones en solares que no se han producido.

    Cuando Zaplana, que había llegado a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga, accedió a la Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia del Gobierno valenciano planteó a los empresarios agrupados en la patronal Hosbec la necesidad de renovar la planta hotelera para crear complejos de cuatro y cinco estrellas, reconvirtiendo los que tenían dos y tres.

    El proyecto fue acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su sucesor en la alcaldía, Vicente Pérez Devesa. Algunos municipios como Benidorm o las localidades vecinas de La Vila Joiosa y L’Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la izquierda) se dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir que estas industrias tuvieran todas las facilidades.

    Fuentes del departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la actual Consejería de Territorio para que los hoteleros compraran parcelas de Serra Gelada, un paraje del municipio, y las cedieran al parque natural. Cinco años después y con los hoteles a pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios prometidos. (04/08/06)

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    no conteste marceli que ya veo su “democracia”,en cuanto alguien le ataca con verdades usted prefiere mirar hacia otro lado.

  40. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ

    El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la denuncia del fiscal Anticorrupción contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los ediles de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, respectivamente, por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la contratación de tres aparcamientos, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El magistrado ha incoado las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles, el técnico de Tráfico Antonio Escobedo y el representante legal de la mercantil Ortiz e Hijos. Según la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. El fiscal Felipe Briones inició la investigación a instancias de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés por supuestas irregularidades en el contrato de adjudicación de los aparcamientos subterráneos de Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba. Según el fiscal, las irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas municipales estimado en 2.268.060 euros al menos.

    Felipe Briones advirtió en su denuncia que existió un concierto entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para conferir a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de que dos técnicos informaran en contra de ellas. Para ello, “se decidió dejar sin resolver la denegación de las modificaciones” y “sustituir el órgano gestor”, trasladando el expediente a la Concejalía de Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”, “proponiendo compensaciones a Ortiz por la aparición de necesidades nuevas y circunstancias imprevistas”, según el fiscal. (22/09/06)

  41. OROPESA: EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO

    El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat (PP), adquirió en el año 2000, tres años antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La compra de una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre la titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de las diligencias abiertas por la querella que presentó un vecino que la reclamaba.

    En su declaración ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003, según consta en el acta, Fabregat dijo haber pagado parte de la finca “en dinero negro”.

    Según indica el documento que recoge su testimonio, este dijo que “entregó a cambio de la finca un millón de pesetas y, aparte, 500.000 en dinero negro”. El edil aseguró no recordar los términos utilizados en su declaración ni por qué habló de “dinero negro” ya que ha “cumplido con Hacienda” y con sus “declaraciones patrimoniales”. La declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa, aunque hacía referencia a una operación realizada tres años antes. Entonces, en 2000, Fabregat, junto a su esposa, adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de junio y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el registro de la propiedad, algo más de 75.000 €. La superficie total de las cinco fincas asciende a 11.811 m2, lo que supone que las compró a un precio medio de 6,3 €.

    En octubre, entre uno y cuatro meses después de su adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron un contrato de compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina d’Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco fincas por un precio total de 567.905 €, es decir, por alrededor de 48 €/m2, lo que reportó a Fabregat y a su esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública de la misma no se realizó hasta mayo de 2003, un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que salió elegido el edil. Fabregat admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que “el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho”, pese a que se trata de fincas rústicas que en el Plan General de Ordenación Urbana aparecen calificadas como “agrícola protegido”. (28/03/06)

  42. BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP

    El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 m2 en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo rústico hasta 6 meses antes de recalificarse los terrenos. La operación urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al presidente provincial, Carlos Fabra.

    El alcalde de Burriana no escondió su empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. Ferrada desmintió la existencia de un “pelotazo” y en su día aseguró que había conocido a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su propuesta urbanística en el Ayuntamiento.

    En cualquier caso, la decisión del alcalde ha provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria. Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no estuviera recalificado, se multiplicó por seis. Además, la adjudicación de la urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el proyecto. (28/09/06)

  43. FEDERICO

    no conteste marceli que ya veo su “democracia”,en cuanto alguien le ataca con verdades usted prefiere mirar hacia otro lado

  44. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: LA MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS

    Justo un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PP de Castellón aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la que la esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, tiene dos solares. La oposición denunció la operación en el salón de plenos y cuestionó que el PP priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la mujer del ex alcalde de Castellón. “Parece que este trámite es una huida para que quien pueda se escape de la nueva ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues resulta que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior alcalde”, aseguraron.

    Antes de aquella maniobra, las dos parcelas de la esposa del ex alcalde, María Nieves Serrano, tenían la calificación de no urbanizable y un coste económico que aún no se había revalorizado. Actualmente, el ex alcalde de Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza actividades privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la construcción, Grupo Gimeno, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es también consejero de la empresa pública Gumsa, una sociedad gestora de promociones urbanísticas en Castellón. La función de esta gestora municipal es promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en zonas poco atrayentes para las empresas privadas. (01/02/06)

  45. La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de m2 de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 km2. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de m2 en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.

    Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de confianza, en sustitución de Rafael Blasco. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina de octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena. Un año después empeoró. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.

    La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población.

    Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.

  46. BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD

    Por todo ello, Bruselas ha dado un duro varapalo a la Generalitat Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la modificación de la Ley Urbanística Valenciana, aprobada a finales de 2005 precisamente para adaptar el sistema urbanístico valenciano a la legislación comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, también censurada en Bruselas. Y todo por la misma razón: la violación de las normas de contratación pública. La Comisión amenaza con llevar el caso a los tribunales si no recibe una “respuesta satisfactoria” en dos meses. Bruselas lanzó una nueva advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisión Europea, por no respetar las leyes de contratación pública. Mediante un “dictamen motivado suplementario”, el Ejecutivo comunitario pidió a España que adapte la legislación urbanística valenciana a la europea, y amenazó con llevar el caso ante los tribunales europeos si no obtiene una “respuesta satisfactoria” en dos meses.

    Es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero y que sustituye a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, también cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del mercado interior los anuncios de los concursos de obras públicas, los procedimientos de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) a los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades de la Administración pública), así como la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos en el momento de la adjudicación o incluso durante su ejecución. (05/04/06)

  47. La investigación del incendio intencionado que calcinó un vehículo que usaba el consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el coche estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios. Granados fue alcalde de esa localidad hasta 2003, cuando entró a formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Transportes e Infraestructuras. Ahora es el titular de Presidencia. Además, fue elegido secretario general del PP de Madrid hace casi dos años. (25/10/06)

  48. Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial. La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas. La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.

    El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero. Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas.

    Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años. Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. (2005)

  49. El concejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos, incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay un importante denominador común: el ladrillo.

    Rayet está construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de compensación del Ensanche de Vallecas.

    Esperanza Aguirre ha sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le prestó su apoyo: “En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio”. Entre Esperanza Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL) habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las elecciones. (2005)

  50. FEDERICO

    no conteste marceli que ya veo su “democracia”,en cuanto alguien le ataca con verdades usted prefiere mirar hacia otro lado

  51. A pesar de que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de urbanizar esta zona alejada cinco kilómetros al norte del casco urbano principal, como si en ello le fuera la vida. El anterior Gobierno regional, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, lo declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de especial protección ambiental, y así figura en las normas de planeamiento vigentes desde hace tres años. y en la presente legislatura, en 2004, los técnicos regionales de medio ambiente volvieron a rechazarlo al desestimar el avance del plan general, en el que esa zona volvía a ser incluida como urbanizable. Este avance fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad dirigida por el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.

    Como por sí solo el ámbito no se puede tramitar a través de una modificación puntual, el Ayuntamiento ha vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para intentar “colarlo” de nuevo. De salir adelante la nueva propuesta se reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672 a 1.480, y en lugar de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de las que 740 serían en alquiler con opción a compra), quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de dos alturas).

    No queda aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y Redes e Infraestructuras de Moralzarzal y portavoz del Partido Popular, Javier Martín Pascual, posee, junto a su esposa, María del Carmen Charro Huerga, dos promotoras inmobiliarias, Martin Huerga y Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado edil en Junio de 2003, tanto él como su esposa mantuvieron la administración de la primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)

  52. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de 3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual. La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400 hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas, donde hay grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)

  53. El ex director de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto. Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.

    La declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ex director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio. En el juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su responsabilidad. Fuentes judiciales entienden llamativo que estas manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como “testigo de la defensa” y que fuese la empresa Plarquin la que resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de Monesterio, un complejo urbanístico sito a 5 km. del casco urbano de San Lorenzo para 18.000 personas. (06/10/06)

  54. La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m2 calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, ex director general de Urbanismo. Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio.Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. “Pero en un espacio de entre 20 y 25 años”, aclara la alcaldesa de la localidad.

    Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo 4 años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas. Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que vendieron a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 €, 4 veces más de lo que se paga normalmente por un espacio como éste, donde no se puede construir. (29/09/06)

  55. FEDERICO

    repito lo del mensaje anterior,señor marceli,usted sabe que el termino IMPUTADO significa sospechoso de delito?? no significa persona que ha cometido delito,sino persona sospechosa de delito,esperese a que salgan las sentencias como por ejemplo la de ROLDAN,VERA O BARRIONUEVO entre otros,una vez salgan las sentencia usted viene qui y las comenta,no cree usted que eso seria mas justo?? fijese que a mi en particular hace un año y medio me imputaron por supuestos maltratos a mi ex-novia,evidentemente salí absuelto ya que mi “querida” ex-novia se habia inventado semejante atrozidad,me tuvo que pagar 3000€ de indemnización,por eso le digo que el término IMPUTADO no significa ni muchisimo menos que se haya cometido delitos,simplemente es una sospecha nada más,si me permite una broma se la diga,mi novia era del PSOE jajajajajajjaja,como todas las imputaciones socialistas sean iguales??…

  56. Marcel·lí

    EN VALLADOLID:

    Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

    Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

    Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.

  57. Marcel·lí

    Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

    -Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.

    -Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
    -Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
    -Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

  58. Marcel·lí

    Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

  59. Marcel·lí

    EN LA RIOJA:

    Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

    Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
    EN SALAMANCA:

    Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

  60. Marcel·lí

    Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

    Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

    La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento

  61. FEDERICO

    repito lo del mensaje anterior,señor marceli,usted sabe que el termino IMPUTADO significa sospechoso de delito?? no significa persona que ha cometido delito,sino persona sospechosa de delito,esperese a que salgan las sentencias como por ejemplo la de ROLDAN,VERA O BARRIONUEVO entre otros,una vez salgan las sentencia usted viene qui y las comenta,no cree usted que eso seria mas justo??

  62. Marcel·lí

    San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

    Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

  63. Marcel·lí

    Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

  64. Marcel·lí

    Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.

    Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

  65. FEDERICO

    señor marceli,usted sabe que el termino IMPUTADO significa sospechoso de delito?? no significa persona que ha cometido delito,sino persona sospechosa de delito,esperese a que salgan las sentencias como por ejemplo la de ROLDAN,VERA O BARRIONUEVO entre otros,una vez salgan las sentencia usted viene qui y las comenta,no cree usted que eso seria mas justo??

  66. Marcel·lí

    Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

    El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

  67. Marcel·lí

    Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al ‘tránsfuga’ Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

  68. Marcel·lí

    Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés – aparecidas en el diario El País – desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

  69. Marcel·lí

    Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.

    Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

  70. Marcel·lí

    Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

  71. Marcel·lí

    Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.

  72. Marcel·lí

    Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.

    EN JAÉN:

    Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

  73. Marcel·lí

    Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

  74. Marcel·lí

    EN CÁDIZ:

    Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

    EN CANARIAS:

    Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

    Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

    La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

  75. Marcel·lí

    Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido “clasificado como suelo rústico de protección natural” según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

  76. Marcel·lí

    Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un “entramado societario” para “disfrazar” la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

    Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

  77. Marcel·lí

    EN ÁVILA:

    Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

    Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

  78. Marcel·lí

    Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

  79. Marcel·lí

    Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para “calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público”.

  80. Marcel·lí

    La corrupción urbanística ha hecho dimitir a altos cargos, como Enrique Porto , director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
    Campos de golf y nuevas viviendas motivan, en varios casos, recalificaciones presuntamente ilegales.
    En Águilas, un promotor podría haber ganado hasta 75 millones de euros con una recalificación.
    Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.

    La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.

  81. FEDERICO

    A QUIEN SE REFIEREN CON ESTE BLOG?? QUIZÁS A LOS ROBOS DE FONDOS RESERVADOS DE UN TAL ROLDÁN,O QUIZÁS A LOS SECUESTROS Y ASESINATOS DE LOS GAL?? DIGANMELO POR FAVOR QUE NO ENTIENDO DE POLÍTICA.

  82. Rafael del Barco Carreras

    EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ALFONSO HERNÁNDEZ PARDO

    Cuando en 1977 se aprueba la Constitución es Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y cuando en 1980 se denuncia el caso CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, el Gobierno Suárez ya lo ha nombrado PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA. Más sutilezas y derivaciones paralelas.

    Por Rafael del Barco Carreras

    Si otros ya se manifestaban “demócratas”, o progresista, Eladio Escusol Barra (fiscal del caso), él se mantenía furibundo franquista. Sin aparente sintonía con otro de los miembros del Especial Tribunal que juzgará el caso, José Luis Barrera Cogollos (en cuya toma de posesión de Presidente de la Audiencia en el 2000 se elogia que en su época franquista se atreviera a clamar por los Derechos Humanos, e incomprensible la reelección en el 2005 cuando la Audiencia es un caos, los grandes casos con media de diez años hasta los juicios, y el 30% de bajas laborales según un estudio de la nueva Generalitat de izquierdas) o Adolfo Fernández Oubiña (“contratado” por el Bufete Piqué Vidal, y cuya vida y milagros merece un libro aparte). El futuro demostrará su especial talante, expedientados los dos, Barrera pasará a lo Civil, y Oubiña de Presidente de la Sección Primera a de nuevo juez de instrucción.

    Don Alfonso, hombre de boina, pero su mujer luciendo brillantes en un Premio Planeta junto a Luis Pascual Estevill (por desgracia mi abogado). Otro letrado, en el colmo del cinismo, me espetó que por suerte para mí Don Alfonso me condenó solo a los dos años, diez meses y veintiún día pasados en prisión de los doce pedidos por Fiscalía, Ayuntamiento y Consorcio, pero yo nunca he sufrido el síndrome de Estocolmo, y desde entonces le he maldecido todos los días de mi vida, aunque nunca se me ocurrió el disparate de otra de sus víctimas que pistola en mano entró en el Palacio de Justicia dispuesto a matarlo. Lo abatieron antes de perderse por los tétricos pasillos.

    A mi entender fue de los “duros” nombrados por Adolfo Suárez para mantener el ¨Orden”. Si el orden franquista como el de siglos del Imperio se basaba en Capitanía General, Virreinato, con el Ejército y sus ramificaciones Guardia Civil y Policía Nacional, la Audiencia formaba el segundo gran pilar institucional. El pilar de eso que Franco y los suyos definían el “Estado de Derecho”, donde la pirámide fascista del “ordeno y mando” funcionaba a la perfección. Los juicios se predeterminaban, los bienes se asignaban, y todo parecido con “Justicia” una burla. El Régimen lo abarcaba todo. Y si en lo Civil el Registro de la Propiedad nos descubriría sagas familiares acumulando fortunas (a pesar de los sueldos de miseria), en lo Penal, la Policía y Guardia Civil con sus torturas, y el “hábilmente interrogado”, decidían los sumarios y sus señorías firmaban las sentencias en juicios no más largos e inteligibles que una misa en latín.

    Estrasburgo definiría la Audiencia de Barcelona revolcando los casos clave de aquella época, los asesinatos del ex alcalde franquista Viola, o del poderoso industrial Bultó, el incendio de la discoteca Escala, o la represión contra los alocados “rojos”. Sin olvidar los muertos en la Modelo entre los motines de 1977 y la represión hasta 1983. El Poder Absoluto degenera a quien lo ejerce. El “dolo” (voluntad de delinquir) no existía, el “desacato” mantenía firmes a cualquier, ya fuera abogados, testigos o culpables, los fiscales obedientes al Mando, y la SALA determinaba con su SOBERANÍA las pruebas que sustentarían el fallo (habitual que en los pasillos esperaran “testigos” profesionales a tanto la declaración), y la segunda instancia, pilar de la Justicia Democrática y obligada por la Carta de Derechos Humanos de la ONU firmada por España, no existía, pues el recurso al Supremo solo determinaría si el procedimiento se ajustaba a derecho, sin valorar las pruebas convertidas por la Sala en parte de su infalibilidad papal, y siempre se ajustaba, a menos que un “mando superior” entorpeciera el procedimiento.

    Y Hernández Pardo, un fingido fanático de la divina procedencia del Poder, y cuando él solo debía mantener la maquinaria en funcionamiento (ya no juzgaba por Presidente de la Audiencia) se atribuye un caso “goloso”, el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, para él solo, quitándoselo al juez legal y natural, el Presidente de la Sección Primera, Manuel Derqui Valbuena, como si la Constitución no existiera. Actuando a lo virrey se saca de la manga disposiciones del pasado siglo (referentes a sustituciones accidentales) y constituye una Sala para ese solo caso, y el “órgano colegiado” se convierte durante dos años en bicéfalo, firmando al mismo tiempo con dos composiciones. ¿Porqué?. Dinero, mucho dinero, aunque no era el caso más suculento del momento, 1.200 millones denunciados. La punta del iceberg, por debajo muchos miles de millones a mano, con el Banco Garriga Nogués y Javier de la Rosa Martí (y tras él el primer banco nacional, el Banesto, todo el franquismo de entonces y la Caixa…con su enorme Caja B, dinero negro). Sin olvidar que quien le nombra Presidente, el Gobierno Suárez, también está presente en el caso a través del Consorcio, y los suyos en Barcelona recibiendo créditos del Banco. Si los acusadores, Serra y Maragall con su abogado Rafael Jiménez de Parga (que también lo era de Banesto) ya lo habían descubierto, y hasta el instructor Ezequiel Miranda de Dios vivía en un hermoso piso del abogado de los De la Rosa, Juan Piqué Vidal (abogado también de JORDI PUJOL), el caso merecía su personal control, demostrando que el orden jerárquico franquista se hallaba por encima de la Constitución, y que el Presidente de una Sala (en teoría propietario de la plaza desde su nombramiento impreso en el BOE) era un simple muñeco de quita y pon. Y no solo se reservó el caso sino que nombró un Juez Especial, José Álvarez Martínez, para cerrar las peligrosas investigaciones que decretara Miranda de Dios ante mi insistencia. Y aquí, todos los abogados contestándome “se recurre al Supremo, al Constitucional…”, entre cretinos anda el juego… ya matizaré.

    Con los años, considerando que Don Alfonso presidía la Junta Electoral Provincial de Barcelona, y en 1980 JORDI PUJOL desbanca a los alocados “rojos” con ganas de poner patas arriba todas las instituciones y máxime la Audiencia (sede de represión), imaginé la mano divina, no en vano, por encima de la LEY, obedecían al “Dios, Patria y Rey”. Si la alcaldía cayó en buenas manos, Narcís Serra del clan Samarach, y después Pascual Maragall del de Porcioles, olvidando el marxismo propio de los “hijos de papá” contestatarios, la incipiente y peligrosa Generalitat de Tarradellas, con vocación de Estado, es decir, de tragarse la Audiencia, debía librarse de rojos foráneos e incontrolados. Evidente que ante la izquierda furibunda y catalanistas nunca ganarían los corruptos de la Derecha Clásica, tipo Eduardo Bueno, el “bueno para Cataluña” (hombre de Banesto y por tanto de De la Rosa). Debía pues facilitarse la victoria a un banquero, que habría olvidado tres años de cárcel tras quince de ganar dinero con el franquismo, y de familia de “derechas de toda la vida”, o sea, fieles al Régimen. Un flautista para esa Cataluña de los sueños de un millón de catalanistas. Y ganó Pujol, y la Audiencia seguiría un largo camino sin ingerencias “rojas”, con tiempo para domesticar a las “ordas” a base de sueldos y chollos, y consolidar cargos, retiros y fortunas. Murió como su adorado Dictador, en la cama.

    Ver detalles en http://www.elconsorcio.net

  83. Rafael del Barco Carreras

    JUAN ECHEVARRÍA PUIG, doctor en Derecho, para los “medios” suegro de LAPORTA, Presidente del Barça, y ahora célebre por Presidente de la MUTUA UNIVERSAL de accidentes de trabajo, presunta gran estafa a la Seguridad Social, ex presidente de la desastrosa FECSA, y en cuanto a mí, VOCAL en el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, cuando me retienen, en 1980, tres años preventivo.

    Por Rafael del Barco Carreras

    Preguntado por el porqué personajes tan turbios consiguen los cargos más suculentos de Barcelona no sé que contestar. Contesto, pura demagogia, que el mismo sanedrín de siempre sigue en el machito desde que los tanques de Franco entraron por la Diagonal, allá por el 39. Del Movimiento y Falange. Los jóvenes se ríen, pero yo no encuentro otra explicación, aparte de su amistad con Jordi Pujol (es miembro del Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra) o Rodolfo Martín Villa, de los tiempos de jefes del Sindicato Universitario SEU. Otro Gran Cargo, Director General de Correos y Telecomunicaciones y de la Caja Postal de Ahorros, 1975. Una anécdota que por entonces, 1980, fuera vicepresidente del Diario de Barcelona que prometió, a toda página, investigar sobre los 10.000 millones desaparecidos en el Consorcio, y se callara sin investigar.

    Ahora la policía busca en la Mutua, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, la documentación de la “Caja B”, la misma que debieron buscar, y no buscaron, cuando en el 92 era consejero de FECSA y pagaron bolsas con 50 millones de pesetas al Juez Luis Pascual Estevill para salvar de la amenaza de cárcel a varios consejos de administración pillados con “dobles contabilidades” y comprando facturas falsas para desgravar IVA. ¿Necesitará una mutua más dinero negro para pagar jueces?. Ni se aclaró entonces lo del dinero negro de la FECSA (con su jefe jurídico Juan Vives Rodríguez de Hinojosa “asociado” al Juez Pascual Estevill), ni se aclararía después el sucio asunto de la especulación con información privilegiada, interviniendo sus hijos, 1996, ya Presidente de la FECSA fusionándose con ENDESA (pequeña sanción de la CNMV). Con grandes abogados en su Consejo resultan sospechosos las decenas de millones pagados a Piqué Vidal por su “defensa” en una de las averías de la Central Nuclear de Vandellós. Y los Echevarría enriqueciéndose, y la eléctrica metida en el pastel de Gran Tibidabo-Port Aventura, con los bosques ardiendo, y este pasado mes, Barcelona a oscuras por las deficientes infraestructuras. “Casos aislados” por la Fiscalía y los fiscales jefes vitalicios Mena y Jiménez Villarejo.

    En mi libro no editado “Barcelona 30 años de corrupción”, consultable en Internet, ni le menciono, pero su nombre viene impreso en los escaneados reportajes editados por el semanal Magazín (de efímera vida en 1980) al dictado de Serra y Maragall, por representante de la patronal Fomento del Trabajo en el Consorcio de la Zona Franca de Antonio de la Rosa. Le achacan que debía conocer el tema, pero sin denunciar ni a él ni a los más de los reales responsables por acción u omisión. Sus biógrafos actuales, en Internet y la prensa escrita, ni citan el CARGO, solo apuntan que fue del PUERTO.

    Forma parte pues de esos figurados 119 que comparando con Marbella debieron ser detenidos. Indiscutiblemente no se presentó al Juez Instructor para declarar que los dos PEQUEÑOS empresarios encarcelados eran ajenos al desfalco, y que el Delegado del Estado Bruna se había incorporado unos cuatro años después de programado e iniciado. Ahora él se defenderá por su nombramiento de Presidente de la Mutua en 2004, a los ¡79 años!, y tendrá razón. Una de dos, o le nombran las pirañas para seguir devorando, o eligen a “un menor” paliando la tostada penal que se les viene encima.

    Las estafas a la Seguridad Social vienen de lejos, y cabe repetir la que viví en el 82 con cuarenta detenidos de los cien empresarios involucrados. Desde mi destino de ordenanza en el pasillo del llamado locutorio de “Jueces” observé el movimiento de abogados de los detenidos (máximo cuatro meses, una nimiedad comparados con mis tres años) Juan Piqué Vidal, Eduardo Soler Fisas (familiar del detenido gerente de Punto Blanco y socio único del bufete de mi entonces por desgracia abogado Luis Pascual Estevill), y alguien, que en esa laxitud ética tan normal en España, simultaneaba el cargo de Inspector de Trabajo y abogado de los acusados por “Trabajo”, el célebre político popular Jorge Fernández Díaz.

    Otro de los sistemas para estafar a la Seguridad Social. Echevarría no inventó los partes por accidentes laborales donde entre informes técnicos, certificados profesionales, y los leguleyos metiendo baza, cualquier parecido con la verdad es pura coincidencia, pero creándose una realidad legal indestructible. Los conocía de siempre, de cuando sus obreros de Motor Ibérica SA, el camión Ebro y La Nissan (en la Zona Franca), se dejaban los dedos en las prensas. A tanto el dedo, el brazo, o la muerte (y la Caja B para el pasteleo correspondiente). Cuentan de su dureza en las luchas contra aquellos sindicatos “libres”, CCOO, antes de que sus jefes cobraran del Sistema. Y lo de facturar a la Seguridad Social es un tema tan manido que todas la Mutuas Catalanas tienen alguna anécdota acabando en agua de borrajas, o a lo sumo un cambio de dirección en centros hospitalarios a favor de los de Pujol antes, y ahora socialistas.

    La primera frase de uno de sus altos ejecutivos es de antología “todo lo hecho ha sido en defensa de nuestros mutualistas”. No añadió “y en beneficio de la Seguridad Social”. Tics soltados por el subconsciente en el descontrol del miedo a lo que pueda suceder. Por ahora sin detenidos (en Cartagena, 56 por estafar a la SS). 150.000 empresas mutualistas, casi 1.000 millones de euros de “cuotas”, 2.600 entre empleados y profesionales, 138 millones de euros de beneficios (una perita en dulce), y con un millón y medio de obreros asegurados, es demasiado para meter mano “sin matices”. La Patronal de las Mutuas denunció los destinos de dinero para inversiones interesadas por los altos ejecutivos, ajenas al mutualismo laboral, pero invertir en bolsa, o fuera de ella, no es delito, otro si, que distorsione los conceptos pervirtiendo el fin de la entidad.

    Echevarría sabe del “club de los De la Rosa” (alternando negocios y enfrentamientos según los biógrafos del financiero), pero él, triunfador superviviente, no contará nada, 82 años le impermeabilizan. Sus hijos, ricos, de la más refinada pijería local, y aficionados a las trasnochadas manifestaciones BRAZO EN ALTO y LA MANO ABIERTA, para lo que se trasladaban a Madrid por mal visto en Barcelona. Tan mal que LAPORTA, por presión mediática a la filiación en la FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO, cesa a regañadientes a su cuñado, al tiempo que otro hermano TIENE OFICINA para “tráfico de influencias” con Josep Pujol, hijo de JORDI PUJOL

  84. Asclepio

    Hace tiempo que en Cataluña están averiados los mecanismos ciudadanos para proteger la libertad y los principios democráticos. Se sigue viviendo en ese Oasis donde la corrupcion parece no existir, se cree que se está por encima del resto de comunidades españolas y estamos contentos de pensar todos lo mismo. Si tuviera que decir un lugar donde el pensamiento único y la propaganda han triunfado, como Antonio Flores, no dudaría: Catalunya.

    La realidad, si profundizas, parece otra a la que los medios obsesionados en Madrid, en la corrupción de los demás y en el PP (¡un partido de oposición!) nos quieren vender: corrupción a mansalva, clase política inmune, declive económico, mafias instaladas en Barcelona sin que se les moleste, agencias públicas de todo tipo que malgastan el dinero, estudios de toda clase que financian a la nueva casta política, imposiciones enmascaradas de identidad nacional encaminadas a perpetuar en el poder económico y político a esos nuevos políticos que hacen lo que quieren con una población adiestrada y adoctrinada a la que basta señalar con el dedo a Madrid para hacerle pensar y hacer lo que ellos quieren.

    Catalunya es la mejor prueba de que la libertad se consigue con Educación libre, de calidad y para todos unida a la libertad de información. Si educación e información no son de calidad y además son controladas el resultado es una población manipulable y adiestrada.

    Reaccionemos. La iniciativa ciudadana es imprescindible en Cataluña para recuperar nuestro lugar, recobrar nuestra independencia como personas (que es la más importante) y aumentar nuestro bienestar material y espiritual.

  85. Rafael del Barco Carreras

    JAVIER DE LA ROSA MARTÍ.

    Y las varias prevaricaciones de la Junta de Tratamiento de BRIANS.

    Por Rafael del Barco Carreras

    El día 16-7-04, martes pasado, a las 12 ½, el más insolvente de los grandes millonarios españoles (iniciado “empleado de banca” y según la Forbes americana dentro de los 500 mayores del Mundo) entraba en “José Luis” de Diagonal para el aperitivo. En mis paseos, vivo cerca, le he visto muchas veces, y por la tarde en el Ideal (la coctelería más cara de Barcelona), donde antes acudía con su corte de corruptos y hasta seis guardaespaldas. A pesar de su insistencia a los juzgados y a la prensa de insolvencia total, sigue viviendo en Doctor Ferrand, un piso de 500 metros, veranea en Cadaqués con yate, y los hijos y hermanos a gran nivel (hasta intimando con un sobrino del Rey). Gordote a lo fofo de cócteles y productos químicos (lo decían ya por el 94 los técnicos de Brians), no parece que sus fuentes de dinero escaseen, pero las leyes y policías españolas no están estructuradas para delincuentes bien organizados (quizá se lo impida su propia corrupción). Si su “amigo” Rincón, el albacea de Serrano Suñer (cuñado de Franco), confesó que le prestaba 2.000.000 de pesetas mensuales para gastos de bolsillo, y hasta su hermano Fernando (el ingeniero jefe en el Consorcio y Tierras de Almería), contribuyó con varias decenas de millones para una fianza, significa que sus íntimos y testaferros “están forrados”, y los jueces o fiscales sin interesarse demasiado, ni menos procesar a sus “enriquecidos familiares”. EL JUEZ TORRES DE MARBELLA CON LA MISMA LEY QUE SE DEBE APLICAR EN BARCELONA DETUVO Y PROCESÓ A TODA LA FAMILIA, SOCIOS Y AMIGOS DE LOS FAMOSÍSIMOS ROCA, MUÑOZ, PANTOJA Y ZALDIVAR. Y lo mismo vale para los ya encarcelados Juan Piqué Vidal y Luis Pascual Estevill.

    Es de suponer que uno de estos días se rematará la sentencia del juicio no celebrado aceptando un año de cárcel, y entrará de nuevo en prisión (le han dado tantas oportunidades de fuga que solo faltaría, al estilo su padre, que lo trasladaran a Londres, donde tiene casa puesta, y le protegieran de los kuwaitíes). Con la revocación por el TSJC el 3-7 del Art. 100.2 a Piqué Vidal, los tres individuos, cumbre de la Gran Corrupción durante más de treinta años en Barcelona se hallarán en la cárcel. Pasados UNOS QUINCE AÑOS de los últimos de sus cientos de delitos, después siguieron cometiendo para librarse de la Justicia (y blanqueando), corrompiendo a quien conviniera. Entre los TRES no suman mi tiempo pasado real en la cárcel (y ni mucho menos la suma de años de mis tres condenas), por “encubrir al padre Antonio de la Rosa” y dos pequeñas estafas a bancos fruto de ese encubrimiento y condena. Estudiando mis expedientes en Brians y comparando con los de Javier de la Rosa (o el actual de Piqué Vidal), no se exclamaría “agravio comparativo”, se afirmaría sin lugar a dudas que la Junta de Tratamiento y la Generalitat, con Pujol, Maragall o ahora Montilla, a la cabeza, prevaricaban, se vendían, y encima se ciscaban en mi boca cuando un Jurista me decía al negarme el Tercer Grado a pocos meses de mi cumplimiento que el “Caso De la Rosa” “era “ESPECIAL”. Un multirreincidente “ESPECIAL”. El Jurista debería denunciarme, anticipándose a la publicación de su nombre, y más detalles, porque yo no tengo dinero para denuncias, ni me las admiten, y menos humor para demandas, con la Generalitat denegándome la Justicia Gratuita.

    Y SOLO ESTÁN LOS TRES EN PRISION. Los 119 detenidos en Marbella serían pocos si a todos los beneficiados y hasta colaboradores necesarios en los desfalcos, extorsiones, blanqueos y estafas de los tres se les hubiera procesado. Ya en el Caso Consorcio de la Zona Franca, 1980, donde me retienen tres años preventivo y se me condena a ese tiempo pasado en prisión, en lugar de “tocarme” el Juez Ezequiel Miranda de Dios, ricamente instalado en un piso de Piqué Vidal, y sin el desacierto de aceptar primero la “defensa gratuita” de Piqué Vidal y después la carísima de Luis Pascual Estevill, hubiéramos “caído” en manos de un JUEZ TORRES, entre funcionarios del Consorcio, Ayuntamiento y Hacienda, los políticos de la Asamblea y Junta, más socios, FAMILIARES, abogados y colaboradores de Antonio de la Rosa y su hijo Javier, se hubieran sobrepasado esos míticos 119, y la ciudad se hubiera deshecho de semejantes gansters. Y el fiscal Eladio Escusol Barra (que alcanzará los más elevados puestos en la Fiscalía, progresista, magistrado del Supremo, y celebrado escritor en temas jurídicos, al igual que Piqué Vidal y Pascual Estevill), tan a gusto como el juez en su negación de pruebas y comparecencias. OCHO MESES Y SUMARIO CERRADO, y Javier repartiendo desde el Banco Garriga Nogués. Tanto es así, que últimamente me entero de un crédito por 396 millones de pesetas del Banco al Consorcio el día 26-4-83, un mes antes de mi “liberación”, y con el banco en quiebra total.

    Es evidente que SOLOS los tres no pudieron ni de lejos arrastrar SUS TREINTA AÑOS DE PRODUCTIVA CARRERA, pero la Gran Corrupción barcelonesa les permite cumplir poca cárcel y salvar a todos los suyos. Traslucen más podredumbre sus QUINCE AÑOS zafándose de la JUSTICIA que los quince anteriores ENRIQUECIENDOSE al estilo, y mucho más, que AL CAPONE (con menos tiros, aunque también los hubo).

    Veremos ahora si las Juntas de Tratamiento ponen “la mano” o cumplen los Reglamentos con los que es IMPOSIBLE Y DELICTIVO otorgar en tres o cuatro meses dos o tres terceros grados y Art. 100.2, también aplicado a Piqué Vidal. Y como es natural en Barcelona ningún fiscal o juez denuncia a los de Tratamiento y Generalitat, en cumplimiento del práctico y poco usado Art.144 de la LEC.

    Aprovecho, ya que la Prensa, no solo no me ha escuchado durante los casi treinta años de mis desgracias, insultándome e inventándose mi vida, para pedir perdón a BLOGS, WEBS, O PERIÓDICOS DIGITALES por mi insistencia, al mismo tiempo que agradezco a los que con entusiasmo publican mis escritos salidos del alma, quizá abusando de la libertad de expresión que solo INTERNET concede en Barcelona. Y seguiré.

    Para detalles, http://www.elconsorcio.net

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