EXIGIR CLARIDAD de Florencio Domínguez

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El modelo canadiense obliga a preguntar en un referéndum sin ambigüedades

Artículos | 19/09/2012 – 00:00h

La demostración independentista de la Diada y el previsible aumento de la representación soberanista en el País Vasco tras las elecciones autonómicas han reabierto un debate entre analistas e intelectuales sobre la conveniencia de afrontar esos problemas en los términos planteados en su día en Canadá para responder a las tendencias secesionistas de Quebec. El debate sobre el modelo canadiense no ha llegado a la clase política, aunque el emplazamiento del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigiendo a Artur Mas que se defina sobre sus planes evoca los términos de la llamada ley de la claridad canadiense del 2000.

Después de dos referendos sobre la independencia en Quebec (en 1980 y 1995) y de años de negociaciones sobre el estatus de la provincia francófona dentro de Canadá, las autoridades federales del país, aplicando una estrategia planificada por el quebequés Stéphane Dion, formularon una consulta el Tribunal Supremo en cuyo dictamen de 1998 se proclama “la inexistencia, a la luz del derecho internacional, de un derecho a la secesión por parte de un territorio de un Estado que, como el caso de Quebec, no se encuentre en una situación colonial”, según el catedrático vasco Alberto López Basaguren, autor del prólogo de la edición española del libro de Dion La política de la claridad (Alianza). Pese a ello, el dictamen indicaba que un Estado democrático no podía ser indiferente a la voluntad secesionista de un territorio si se expresaba de manera clara en respuesta a una pregunta sin ambigüedades y por una amplia mayoría de la población.

La exigencia de la claridad buscaba evitar fórmulas alambicadas como la de la consulta de 1995: “¿Aceptaría usted que Quebec sea soberano tras haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política, en el marco del proyecto de ley sobre el Futuro de Quebec y el acuerdo del 12 de junio de 1995?”. Los canadienses regularon cómo debía plantearse el proceso hasta prever que si una parte del territorio secesionista no estaba de acuerdo con la separación, también tenía derecho a desvincularse de Quebec y seguir en Canadá. Si el territorio de la federación no era sagrado, tampoco lo era el de la provincia francófona. Además, al aceptar la posibilidad de la separación, se eliminaba la amenaza independentista como baza de negociación permanente para obtener contrapartidas.

El modelo canadiense no goza de unanimidad entre los constitucionalistas españoles. Hay quien no lo cree adecuado porque cree que al despejar el camino a la separación se desincentiva el esfuerzo por buscar acuerdos dentro del marco político vigente. En todo caso, sea por la ley de la claridad o por el sentimiento de haber estado al borde del precipicio en 1995, cuando el rechazo a la independencia ganó por un punto, las tensiones separatistas en Quebec parecen haberse suavizado en la última década.

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