ANDALUCÍA INICIA LA REBELIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS

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Un ayuntamiento granadino cancela todas sus cuentas con Caja Granada para evitar que desaloje inquilinos. La Consejería de Fomento, además, estudia alternativas contra los desahucios.

A lo largo de los últimos meses, en distintos puntos de Andalucía, se han registrado sucesivos conatos de rebelión ante los desahucios de viviendas por impago de sus inquilinos. No en balde, según datos del Consejo General del Poder Judicial, Andalucía encabeza el ranking español en materia de desahucios, ya que en dicha comunidad se han registrado 68.053 trámites de esa índole en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. A escala estatal, durante ese mismo periodo se registraron 350.000 desalojos judiciales.

Mientras la fórmula de la dación en pago sigue sin concretarse más allá del voluntarismo de algunas entidades de crédito, la lucha contra este tipo de procedimientos sigue centrando buena parte de las actividades del 15-M, quizá ya no tan llamativas como el año pasado pero constantes y buscado rendijas de legalidad para los sin techo.

Sin embargo, las acciones de este movimiento y de diversas ONGs como la Asociación de Ciudadanos Afectados por las Hipotecas que se creara en Chiclana de la Frontera (Cádiz) empiezan a contagiar a diversas instituciones andaluzas. Así ocurrió en febrero de este año en el ayuntamiento granadino de Peligros, donde gobierna Izquierda Unida en coalición con Alternativa Democrática de Peligros, y en donde el pasado mes de febrero salió adelante una moción contra los desahucios por motivos económicos.

El Ayuntamiento de Peligros, contra los desahucios‘, puede leerse a la entrada de dicha localidad granadina junto con la reproducción del artículo 47 de la Constitución Española, que fija el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Dos semanas atrás, esa misma corporación decidía cancelar todas las cuentas municipales que tenía registradas en Caja Granada, al no poner facilidades a que los inquilinos morosos continúen en la vivienda o puedan cancelar la hipoteca pendiente con la entrega de la misma. A juicio del alcalde, Roberto García, su corporación no va a colaborar con las ejecuciones de desahucio y va a darle respuesta a los bancos que no muestren consideración con los afectados por este tipo de procedimientos.

Desde los servicios jurídicos de dicho ayuntamiento, que asesora gratuitamente a los afectados, se admite que hay cierto margen para renegociar estas deudas en base al Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en vigor desde el 10 de marzo, que contempla prácticas como la renegociación de la deuda con el banco, la solicitud de la dación en pago, y otras medidas de alivio previo al desalojo.

“Nada de lo que hagamos será suficiente hasta que no se cambie la legislación vigente. Como reclama la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgida de la ciudadanía y de distintas organizaciones sociales, habría que añadir o redactar de nuevo varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que quien pierda su casa al menos ya no tenga ninguna deuda con el banco, para que los afectados puedan vivir en la casa en régimen de alquiler con rentas aceptables, como males mayores”, asegura el alcalde, que se ampara en un documento tan revolucionario en estos días como la Constitución de 1978.

Ese mismo camino empieza a ser explorado por la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que titula la diputada cordobesa por Izquierda Unida, Elena Cortés, quien ya ha escrito al ministro de Economia y Competitividad, Luis de Guindos, para reclamarle noticias sobre el decreto-ley de medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

La Consejería de Fomento y Vivienda viene trabajando desde hace varias semanas en la promulgación de una serie de medidas que impulsen el uso social de las viviendas vacías, para garantizar este derecho básico.

Desde la Consejería, ya se habla abiertamente de declarar a Andalucía como comunidad insumisa frente a los desahucios, algo que no ha sentado especialmente bien en el Gobierno central y en medios bancarios, que arguyen que incrementaría “la inseguridad jurídica” en momentos especialmente delicados para la economía y para el sector inmobiliario y financiero.

Y para los desahuciados, asegura la propia Elena Cortés, que aspira a convertir a Andalucía en “zona libre de desahucios”. El plan de dicho departamento pasa por el diálogo con las entidades bancarias para que parte del dinero público que reciben pueda ser destinado a la protección de familias que ya hayan superado el umbral de la pobreza y cuyas deudas sean prácticamente insalvables frente a lo que Elena Cortés ha llegado a calificar como “prácticas desalmadas de usura”.

Con anterioridad a todo ello, la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ya se había dirigido a la consejería de Fomento para articular un espacio de mediación para intentar resolver extrajudicialmente el impago de las hipotecas. Se trataría de un punto de encuentro entre representantes de la administración, de las asociaciones de consumidores y de las entidades financieras implicadas, en aras de “evitar las ejecuciones hipotecarias por medio de fórmulas como el alquiler, la renegociación o aplazamiento de la deuda”, aseguraron portavoces de dicha entidad.

También existe inquietud al respecto en la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, cuyo titular, José Chamizo, se reunió semanas atrás con la consejera Cortés para abordar esta misma cuestión: “Hay miles de personas sin viviendas y miles de viviendas sin personas”, vinieron a coincidir ambos a la hora de analizar este asunto.

Desde el movimiento alternativo, sin embargo, no hay tiempo para esperar estas decisiones oficiales. De hecho, en una ciudad como Sevilla, existen en la actualidad alrededor de un centenar de viviendas ocupadas a título particular por familias desahuciadas y a las que el movimiento 15-M ha buscado alojamiento aunque fuera temporal. A ello se suma el caso de cinco viviendas ocupadas en la calle Quintana de la capital de Andalucía o el de la Corrala La Utopía, tal y como ha pasado a denominarse una promoción de viviendas de lujo en la avenida de las Juventudes Musicales, donde 36 familias permanecen desde hace dos meses, a pesar de que el Ayuntamiento les ha cortado el suministro eléctrico y el de agua.

 

JUAN JOSÉ TELLEZ

Fuente:   http://www.publico.es/439717

 

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