Francisco Capella, Director del área de ciencia y ética del Instituto Juan de Mariana (Institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos desde una óptica neoliberal) , una de las cabezas visibles del liberalismo español, escribe lo siguiente:
El tráfico y el consumo de drogas no pueden ser crímenes porque no hay víctima. La ley no tiene por objetivo proteger a las personas de sí mismas. La prohibición o penalización de las drogas por parte de los estados es contraria a la ética y causa enormes problemas. La guerra contra las drogas es una guerra contra la propiedad, contra la libertad individual, que beneficia a los traficantes y a la burocracia estatal a costa de la mayoría de los ciudadanos. El monopolio coactivo del estado, en su absurdo y costoso esfuerzo por impedir la producció, distribución y consumo de drogas, provoca males mayores que los que pretende evitar.
La distinción entre drogas legales (tabaco, alcohol, café, medicamentos estimulantes o tranquilizantes) e ilegales (marihuana, opio, cocaína, heroína, LSD, éxtasis) es absurda. La criminalización del consumo y comercio de ciertas drogas es arbitraria, y depende de vaivenes políticos, de campañas moralizantes y de interes comerciales. Compuestos muy diferentes reciben un mismo trato legal, mientras que sustancias totalmente parecidas tienen tratamientos totalmente distintos. Algunas drogas legales son mucho más nocivas que muchas drogas ilegales, son más adictivas y tienen menos margen de seguridad y peores efectos secundarios. Las arbitrariedades de la ley cambian según los países, de modo que se permite o se prohíbe el consumo privado, el consumo público, y el comercio de diversas drogas.
Desde instancias oficiales se afirma que la drogodependencia genera delincuencia, que provoca la marginación social del drogadicto y que da lugar a la criminalidad organizada. Se olvida precisar que es el marco legal prohibicionista el factor causante esencial de estos fenómenos. La adicción a drogas legales no genera delincuencia, no provoca marginación social y no incentiva la criminalidad organizada.
La prohibición de las drogas estimula la criminalidad de múltiples formas. Los consumidores de drogas se ven empujados hacia la cultura del crimen: los antecedentes penales de los condenados por consumo o venta de drogas dificultan la obtención de un empleo productivo; como los usuarios de drogas ilegales tienen frecuentes relaciones comerciales con criminales profesionales, estos contactos pueden facilitarles la entrada en actividades delictivas. Los barrios más pobres suelen verse especialmente perjudicados: dedicarse a la venta de drogas es una posibilidad muy atractiva para jóvenes sin grandes oportunidades que tienen poco que perder. Las disputas comerciales no se resuelven en los tribunales sino mediante la violencia, y los barrios donde se distribuye la droga son cada vez menos atractivos para los negocios legales.
Para muchos prohibicionistas las drogas son el mal absoluto, una enfermedad fatal que debe ser erradicada a cualquier coste: suelen opinar desde la ignorancia, y fanatizados por su moral particular creen que el ser humano es incapaz de discernir respecto a las drogas; para ellos todo uso es un abuso, independientemente del contexto y las consecuencias. En la historia de las drogas abundan las profecías de degradación y muerte. Se ha afirmado con total desvergüenza que algunas drogas convierten a sus usuarios en asesinos, en locos, en perezosos. Cada prohibición de una droga ha sido precedida de campañas histéricas repletas de mentiras, exageraciones y distorsiones dirigidas a causar miedo en la población.
Hasta aquí este resumen del largo e interesante artículo de Francisco Capella. Y lo voy a terminar con una pregunta de Friedman, esa referencia mundial del Liberalismo: ¿A QUIÉN BENEFICIA LA PROHIBICIÓN DE LAS DROGAS?
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Un buceo por la red, en este tema, puede llevarte a páginas como CAÑAMO, Revista de la cultura del cannabis. Cultivo, preparación,legalidad y noticias. Así la podemos encontrar en su entrada de Internet. Y eso es lo que dan, noticias, etc, etc.(www.canamo.net). De momento es legal, en tanto que la guerra electoral entre los dos grandes partidos españoles no se la lleven por delante. En el tema de las drogas, el PP es aún más restrictivo que el PSOE, pues sabe por las encuestas que el soberano pueblo español está preparado, es receptivo a su programa de máximos. Pero ya digo, además de Cáñamo, podemos encontrar artículos como el de Francisco Capella, un líder de Liberalismo.org, que no está de acuerdo, precisamente, con la señora Pastor, antigua ministra de Aznar y cabeza pensante del PP, en su estrategia de acabar con la distinción entre drogas duras y blandas. Para ella no caben remilgos o distinciones: todo es droga dura.
Continuaré con el tema, desde otras ópticas.
En el Wikipedia podemos encontrar el siguiente y corto artículo:”La guerra contra las drogas es una iniciativa llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos para defender su sociedad contra el uso no medicinal de las drogas prohibidas.
Sus críticos argumentan que el gobierno de los Estados Unidos la utiliza para promover sus intereses geopolíticos y el imperialismo en la región andina.
http://www.narconews.com.- LULA: la Guerra contra las Drogas es una Guerra de Clases (El Presidente de Brasil abre la “caja negra” de la corrupción).
“El presidente democràticamente electo hizo una declaración de guerra el martes pasado… o así fueron recibidas sus palabras en algunos poderosos cuarteles.
“Los narcotraficantes de verdad”, señaló el Presidente Lula con el dedo, no se encuentran en los barrios donde la gente pobre es “presionada e inducida al crimen para ganarse el pan de cada día”.
Los señores del narcotráfico deben buscarse, se atrevió a decir Lula, “en los grandes centros de concentración de capital”.
El Presidente está ahora asumiendo una posición, dice, para cazarlos.
Durante su primer gran discurso sobre seguridad y crimen, Lula habló previamente con palabras prohibidas, en pùblico, acerca de una “caja negra” (una “caixa preta”donde la palabra caixa significa al mismo tiempo caja y caja registradora) que existe en el Poder Judicial del Estado brasileño… Un Poder Judicial que, en menos de una década, ha por lo menos duplicado la población en las prisiones (de 126.152 internos en 1993 a 240.107 en mayo de 2002…aplastante, desde luego, consistente en gente pobre)…y todavía el crimen organizado y la violencia son considerados, de acuerdo a encuestas de opinión, el problema número uno en el país.
Y lula dió instrucciones muy claras: Abran la caja negra.
Si Lula es serio, si Bastos es serio, si Soares es serio, han puesto así a la Guerra contra las Drogas en jaque, y anuncian un histórico jaque mate. Porque si la “caja negra” que contiene los secretos, acerca de quiénes se benefician del narcotráfico bajo la prohibición de las drogas, es abierta, habrá solamente una puerta de salida dejada abierta para la clase dominante: llevar adelante la legalización de las drogas, la amnistía para los prisioneros y defendidos de la Guerra contra las Drogas y acomodar en el público correspondiente la amnesia que hubo en los Estados Unidos en 1933, con una cerveza legal pasada al son de “Los días felices están aquí otra vez”.
Supongo que la wiki no dirá que el opio, su cultivo, creció de forma desmesurada en Afghanistán desde que ellos invadieron ese país y que uno de los pocos logros de los talibanes fue su casi destrucción (del cultivo) y que ahora y también gracias a los USA lo comercializan para obtener, enyre otras cosas, el suficiente dinero para comprar armamento con el combatirles, digo yo que no lo pondrá que no lo se ya que este comentario es eleaboración propia por lo leido en diversos medios de comunicación.
Alvaro Bardón, en Libertaddigital:”Por dignidad, debiéramos legalizar la producción y el consumo de drogas, al menos de las blandas, como cuando éramos independientes. Se podría aplicar un alto impuesto al consumo, que lo desaliente, y con esos fondos hacer una política que reduzca la drogadicción, la corrupción y el crimen”.
Esta caballero fue Presidene del Banco de Chile. Por cuando eramos independientes se debe entender a no sujetos a indicaciones de los EE.UU., que es lo que este hombre entiende que pasaba con Pinochet, pues ahora dice, los politicos de la izquierda chilenas estan muy atentos a las indicaciones de bush y todo lo que saben decir es si. De modo que la Guerra contra las Drogas es una estrategia pensada en washington, que es seguida por todos los gobiernos aliados o amenazados por los EE.UU.
Pues no lo se, Jon, pues no he buscado esa informacion. Pero es bastante problable que no lo diga. Es una enciclopedia libre, pero no tanto. Pero para eso estamos nosotros, para demostrar que un medio si puede ser libre del todo. Saludos.
La historia más reciente sobre los consumidores de drogas comienza en el no lejano año de 1973, en pleno tardofranquismo, cuando gobernaba el almirante Carrero Blanco. En ese año se introduce el fallido art. 344 bis, en el Código Penal, que castiga el consumo y tráfico de algunas drogas, para adaptar la legislación española al “Convenio Internacional de Viena de 1961”, y a la “Convención Intemacional sobre sustancias psicotrópicas” de 1971.
Hasta ese año, también había en España el carnet de “extradosis” por el cual algunas personas consumidoras de opiáceos podían acceder a dosis legales de morfina en la farmacia. Es significativo que las primeras partidas de heroína en el mercado negro empezaran a circular en 1973. La eliminación del carnet de “extradosis” señala el fin de la pseudo “Pax Farmacrática” franquista y el inicio de la verdadera guerra contra las drogas.
En los años 70 se siguió vendiendo en las farmacias españolas anfetaminas, a pesar de la prohibición internacional. Ciudadan@s de toda Europa, en especial estudiantes, venían a por las denominadas “drogas españolas”; marcas como: Bustaid, Dexedrina, Centramina, Maxibamato, Minilip, Estil-2, Preludim Compositum, etc. “Anfetas” que fueron consumidas por toda una generación de usuari@s.
Cuando muere el general Franco en España había pocos consumidores de opiáceos, pero bastantes de derivados del cannabis (hachís), anfetaminas y “tripis”. En estos años se crea una red clandestina de tráfico de drogas vinculada a grupos sociales marginados y sectores de ciudadanos de ámbito geográfico perjudicados por las reconversiones industriales y económicas (Galicia, Canarias, País Vasco). Un ejemplo muy claro es la situación de los pescadores en Galicia. La reconversión naval, el agotamiento de los tradicionales caladeros debido a la sobrepesca y la contaminación marítima, y la ampliación a 200 millas de las aguas jurisdiccionales de muchos países, llevaron a la miseria y al paro a miles de familias trabajadoras. Muchos marineros se ven obligados a trabajar para subsistir en las incipientes redes de contrabando de hachís, creadas a partir de las mismas redes de contrabando de tabaco rubio americano que en Galicia existían desde los años 50. Hay que resaltar que los gerifaltes de estas redes siempre han mantenido una estrecha relación con el poder político y económico de la época franquista y posteriormente con sus sucesores (caciques de cada zona y miembros destacados de la UCD, Alianza Popular y en la actualidad del PP (Partido Popular).
En los años 80, las redes gallegas del tráfico de drogas dan el salto al Atlántico y entran en contacto con los cárteles de la cocaína de Colombia y México, para introducirla en España vía Europa. Los clanes de la comarca de Arousa seguirán importando hachís adulterado de Marruecos y verán ampliado su negocio con la cocaína. Los verdaderos jefes de los clanes gallegos nunca han sido molestados por el aparato policial judicial. Quienes si han sido sometido a un linchamiento mediático y social han sido algunos segundones del tráfico de hachís, como Sito Miñanco y Laureano Oubiña. El hecho de que hubieran sido de origen humilde ha jugado en su contra. La ciudadanía no perdona a estos nuevos ricos el haber hecho ostentación de su “ilegal” riqueza.
LOS AÑOS 80: TERAPEUTISMO Y REPRESIÓN
De 1975 a 1980 se crean las condiciones sociales y políticas que harán que en la década de los 80 se magnifique la “Guerra contra las drogas” hasta extremos nunca vistos. Los atracos a farmacias de esa época fueron realizados en su inmensa mayoría para proveerse de derivados opiáceos ya que el mercado clandestino de la heroína era aún incipiente. Hasta 1980, también se podía conseguir legalmente anfetaminas de calidad (como la dexedrina o el bustaid) en las farmacias.
El triunfo socialista de 1982 trajo consigo la reforma del Código Penal de 1983. La reforma de 1983, distinguía entre drogas que causan grave daño a la salud: las mal llamadas drogas “duras” (heroína y cocaína), y las denominadas drogas “blandas” (cannabis). La tan cacareada “Alarma Social” fue orquestada por los grupos periodístico-mediáticos de derechas para abortar la mini-reforma del Código Penal. En ésa época las prisiones estaban llenas de pres@s preventivos, que podían estar hasta 4 años sin ser juzgados. De hecho el hacinamiento en las prisiones españolas comenzó en esos años. En 1985 el primer gobierno del PSOE aprobó el “PIan Nacional contra la Droga”. Este plan es la respuesta del Estado ante el enorme aumento del consumo de drogas ilegales en los años 80. El estado decide reorientar la “Guerra contra las Drogas” hacia una doble óptica: represiva y terapéutica. A la vez que comienza a articularse todo un aparato para-gubernamental de asistencia a los “drogadictos”, en manos de sectas y grupos religiosos mesiánicos y redentoristas. El estado crea su propio aparato terapéutico-represivo a partir de un “lumpen” mafioso, universitario y político cercano al PSOE: médicos, farmacéutic@s, psicólog@s, psiquiatras, trabajador@s sociales, etc., muchos de ell@s en paro, pero otros ya pluriemplead@s (en especial médic@s y farmacéutic@s) al servicio de distintas administraciones y negocios privados. La contrarreforma del Código Penal de 1988 vuelve a aumentar las penas para cualquier clase de tráfico de drogas. Se crea la fiscalía especial antidroga. La “Ley Corcuera” vuelve a criminalizar a l@s consumidor@s. El art. 25 considera infracción grave a la seguridad ciudadana el consumo en lugares públicos. También es grave la “tolerancia” del consumo o la falta de diligencia en impedirlo en establecimientos públicos. Por esta disposición han sido multados y cerrados cientos de bares en toda la Península Ibérica.
LA DÉCADA DE LA MUERTE
La década de los años 80 fue una época terrible para l@s consumidor@s de drogas opiaceas. La aparición del VIH-SIDA, la reaparición de la tuberculosis, la extensión de las hepatitis y enfermedades infecciosas entre los usuarios de heroína callejera adulterada diezmó a toda una generación rebelde. Las personas que consumían “caballo” se veían abocadas a todo un círculo vicioso de robos, trapicheos y venta de todas sus pertenencias para poder comprar la droga. Si a esto sumamos la falta de una adecuada higiene personal en la inyección de la heroína (compartir jeringuilla, uso de aguas fecales, algodones y filtros contaminados y la adulteración del “caballo” con polvo de talco, yeso, polvos de ladrillos o tejas, estricnina, azúcar, colacao, aspirinas machacadas, etc.) vemos que no es de extrañar que a finales de la década, cientos de personas comenzaran a morir en las calles de todas las grandes ciudades. La falta de techo y alimentación regular, unido al estrés de las continuas detenciones y síndromes de abstinencia también tuvo una importancia decisiva en el deterioro físico y mental de l@s consumidor@s de heroína. Los años más graves en pérdidas de vidas humanas fueron el 89, 90, 91 y 92. Miles de personas, una parte significativa de la generación de los 60 y 70 murieron en la calle, en las cárceles y en las salas de “apestados” de los hospitales. Las crónicas de sucesos de los periódicos de esos años están llenas de noticias relativas a personas encontradas muertas por “sobredosis”. Nunca se hacían autopsias, ya que entonces se demostraría que el causante de las muertes era la “rascada de la pared” y la mezcla de somníferos y barbitúricos, en especial “Rohipnol”. La heroína era el culpable perfecto. El chivo expiatorio de tantos suicidios e incluso asesinatos. La metadona llegó demasiado tarde para miles de personas. El PNCD del año 85, ya preveía la creación de los C.A.S. (centros de atención y seguimiento de drogodependencia) donde se administraría metadona gratuita. La realidad fue que hasta el año 92 no empezó a darse metadona gratuita. El aparato médico se oponía, aunque muchos de ellos en sus consultas privadas la recetaban generosamente previo pago de 5.000 ptas. En un ejercicio de cinismo social, hoy en día son furibundos partidarios de la metadona y enemigos de los programas de heroína.
LOS CONSUMIDORES DE DROGAS EN LA ACTUALIDAD. LA DÉCADA DE LOS 90, UNA DÉCADA PERDIDA
Los años 90 han sido la época de consolidación del complejo terapéutico-represivo por medio de la extensión de los programas de metadona por toda la geografía española. Año tras año, los presupuestos de las distintas administraciones públicas (estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos) han ido aumentando sus partidas de “lucha contra la droga”. El aparato médico-corporativo del sector público gobierna el 70% del presupuesto de atención a los “drogadictos”. El otro 30% está en manos de un sector privado compuesto mayoritariamente por sectas fundamentalistas, unas de carácter religioso y otras laicas como el famoso “Proyecto Hombre”. En lo que respecta al sector privado, más de 100 oenegés “antidroga” viven de las generosas subvenciones públicas y privadas de fundaciones, bancos y distintas confesiones religiosas. El lucro y el ansia de poder son su meta no confesada.
En los 90 también se aprobó el nuevo Código Penal. Código más represivo si cabe que el anterior. Las penas por tráfico de drogas aumentan significativamente de 5 a 9 años, además de que la eliminación de la redención de penas por trabajo llevará al cumplimiento íntegro de los condenados. Ciertos políticos parásitos como Diego López Garrido, autor intelectual del nuevo Código Penal, alabaron estas medidas “progresistas”. El 85% de todos los delitos penados en el nuevo Código Penal están relacionados directa o indirectamente con la prohibición de las drogas, por lo que las cárceles están atestadas de ciudadan@s que han ejercido su derecho a consumir o vender distintas substancias, prohibidas hoy en día por el Estado.
España tiene el mayor número de personas presas de la Unión Europea con relación a sus habitantes: 49.000 personas; 6.000 de ellas en Cataluña. En 1978, el año de la aprobación de la Constitución, había 10.500 personas presas en las cárceles españolas. En 20 años se ha cuadruplicado la población carcelaria y sigue en auge la política de construcción de nuevos “talegos”. Nunca ha habido tant@s pres@s en este país, desde el final de la última guerra civil. El 70% de la población reclusa es consumidora de drogas y gran parte de ella están enferma de tuberculosis, hepatitis, VlH-SIDA, etc. De 1985 hasta la actualidad, más de 3.000 personas murieron de SIDA en prisión o fueron excarcelad@s unos días antes de morir. Los suicidios, malos tratos y muert@s por torturas han sido la tónica general de los 90 en las prisiones españolas. Desde que en 1991 empezó a aplicarse el ilegal régimen FlES, la vulneración de los derechos humanos ha alcanzado cotas dignas de equipararse a cualquier estado nazi-fascista.
Extracto de un texto de la Associació Lliure Prohibicionista (Barcelona)
Apdo. 2135 – 08080 Barcelona
Fuente: nodo 50
DATOS GENERALES DEL CÁÑAMO
Origen
En un escrito de la corte del emperador Shen Nung que data del 2737 a. C. se encuentra la primera descripción completa de la planta conocida como cáñamo. Se recomienda contra la malaria, los dolores reumáticos y los desórdenes femeninos.
La Cannabis es una planta originaria de las planicies de Asia central, difundida a todo el globo terráqueo gracias a la intervención humana. A causa de su rápida propagación y adaptabilidad ambiental, la Cannabis tuvo un gran impacto en las expresiones de diversas culturas. Los asirios, por ejemplo, conocían la hierba y se sabe que la usaban al menos desde el siglo IX a.C. como anestésico y para enfrentar el viaje a la muerte. En los escritos sánscritos se habla de las “píldoras de la alegría” compuestas con goma de cáñamo y azúcar. (29) Se cultivó extensamente en la India y formó parte de la religión hindú. Se menciona en los escritos de Sustra, el tratado más antiguo de medicina hindú, y en los libros de los vedas se le atribuye orígenes divinos denominándosele Vilahia, que significa Productora de la vida. (38)
De acuerdo a ciertos autores, el cáñamo fue introducido en América Latina por los esclavos negros (7, 10); de acuerdo a otras fuentes, llegó gracias a los colonialistas ingleses, españoles o portugueses (3, 37). Sea cual sea la vía por la que haya llegado, es un hecho que los indígenas mesoamericanos la adoptaron como parte de su medicina natural desde hace ya cientos de años. En la actualidad, los tepehuas de México la utilizan también con propósitos rituales, especialmente cuando escasea el peyote.
Etimología y denominaciones
Desgraciadamente no existen muchas fuentes que exploren la etimología de este vocablo. Entre las pocas que hay, un manual de capacitación de los agentes mexicanos de la Procuraduría General de la República (30) asegura que la palabra marihuana proviene del náhuatl malihuana, palabra compuesta por mallin que quiere decir prisionero, hua que significa propiedad, y la terminación ana, coger, agarra, asir. Se supone que los indígenas al identificar a la planta con el nombre de malihuana, quisieron expresar que la planta se apodera del individuo. Los estadounidenses creen que marihuana es una contracción de los nombres propios María y Juana y la han convertido en marijuana.
En la actualidad, cada región tiene su forma particular de referirse a la marihuana. En México por ejemplo, se le llama mota o yerba y en España maría, mientras que los cigarros hechos con ella se conocen como chubys, dubis, toques, joins, porros o canutos. La persona que consume este psicoactivo de forma regular también tiene denominaciones específicas, en México es un pacheco o un marihuano, aunque esta última palabra tiene connotaciones más bien despectivas; y en España es un porreta y en términos despectivoso un fumeta. Quien está bajo los efectos de la marihuana, en México está high o pacheco, y en España está colocado o emporrado.
Fuente de lo anterior e información extensa:http://www.mind-surf.net/drogas/marihuana.htm
Bien, ahora sólo falta informar sobre la posición de asociaciones que están a favor de la ilegalización de las drogas, es decir, de la guerra contra las drogas, y la de los partidos políticos españoles. Me comprometo a ello, aunque me llevará un tiempo.
Asociación antidroga Vieiro. http://www.vieiro.org Ahí tenéis otra visión del asunto.
Antes de eso te pongo las relaciones entre USA y Colombia en el tema de las drogas sobre un informe de 2.004 que he encontrado.
La razón de ser de este panel reposa sobre una evidencia : las acciones de los gobiernos y de los principales actores frente a las drogas se inscriben en la relación que existe entre los Estados Unidos y los países de la región andina, en el marco de los conflictos post-guerra fría.
La primera especialista, Kimberley Stanton, es politóloga, subdirectora del WOLA, Washington Office on Latin America, especialista de la política exterior de su país. Su ponencia trató sobre “La política exterior de Estados Unidos frente a los cultivos de uso ilícito en la región andina”. En su presentación, Kimberley Stanton recordó que la “guerra contra las drogas” apareció como doctrina de la política exterior en 1968, y que los programas de ayuda antidrogas de los Estados Unidos empezaron en los años 70 y se reforzaron en los años 80. Ya en 1988 había unas 200.000 hectáreas sembradas con coca en la región. A lo largo de los últimos 15 años, grosso modo se ha mantenido esta cifra, aunque la disposición de los países que siembran ha variado.
Esta situación sigue así pese al aumento significativo de los paquetes de ayuda de Estados Unidos, que han estado especialmente enfocados hacia Colombia. Esta ayuda está dirigida primordialmente hacia las fuerzas armadas. Hasta el 11 de septiembre, se evitaba canalizar estos rubros en asuntos de contra-insurgencia, pero desde esa fecha la situación ha cambiado. Estas orientaciones son realizadas por el Departamento de Defensa, antes que por el Departamento de Estado. El presidente Uribe ha abrazado esta ayuda para sus propósitos contrainsurgentes. En los últimos meses, ha habido una ligera disminución en el número de hectáreas sembradas de coca en Colombia, como resultado de la fumigación. Sin embargo, Kimberley Stanton sostiene que la experiencia histórica, así como la no incidencia de esta disminución en los precios de la cocaína en Estados Unidos, y la aparición de nuevos cultivos, hace presagiar que la tendencia a las 200.000 hectáreas cultivadas se mantendrá.
En segundo lugar intervino Francisco Thoumi, economista, actual director del Observatorio sobre el crimen y las drogas de la Universidad del Rosario de Bogotá. En su exposición, Francisco Thoumi comenzó por aclarar las premisas del problema: anotó que existen pocos conocimientos sobre los efectos reales de las drogas, o sobre la potencialidad de su consumo en sociedades vulnerables. Tampoco hay consenso desde el punto de vista ético sobre el uso de las drogas. Recordó que el mundo es prohibicionista desde hace muchos años, como lo estipulan antiguas convenciones. El problema es complejo.
Pese a esto, las soluciones son simples y están llamadas al fracaso. Tanto en los Estados Unidos como en los países andinos se invocan argumentos exculpatorios: la responsabilidad se focaliza en el otro. Así, se afirma que el mercado de las drogas enriquece a los Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, esto no tiene sustento. En Estados Unidos dice que el problema es de oferta, porque siempre debe haber un enemigo externo. Estas condiciones dificultan el diálogo. En realidad, muchas veces cuando hablamos de drogas, no estamos hablando de drogas. Se expresan otros conflictos (puritanismo norteamericano vs. pragmatismo europeo; puritanismo norteamericano vs. anomia latinoamericana; expresión de las desigualdades sociales).
En los años 70, Colombia entra en escena. Las políticas han sido de garrote y zanahoria, (estos últimos están representados en los cultivos de desarrollo alternativo), pero son políticas que no se pueden evaluar, porque su fundamento es moralista. Lo único que se puede evaluar es el número de hectáreas fumigadas. Lo cierto es que los precios de la cocaína no han subido en Estados Unidos. Hacia finales de los 90, se produce el doble de cocaína que anteriormente, porque la productividad por hectárea ha aumentado. Hoy, la situación es mucho más compleja políticamente y se han internacionalizado los conflictos internos, pese a que el porcentaje de ganancia generado por la coca en los PIB nacionales son mucho menores que en el pasado.
En tercer lugar intervino Alain Labrousse. Sociólogo, autor de amplias investigaciones en los Andes, África del Norte y Afganistán, Labrousse expuso sobre “Grupos armados y tráfico de drogas en América latina”. Recordó que la coca es usada en América latina hace 2500 años, aunque ya en la época incaica las clases militar y sacerdotal intentaron monopolizar su uso.
La particularidad del comercio de las drogas es su enorme valor económico después de varias etapas de transformación. Esto explica en parte la implicación de los grupos armados al margen de la ley. Las Farc existen desde antes del auge del narcotráfico. Sin embargo, desde los años 70 estuvieron enfrentadas al dilema de participar o no en el tráfico. Su opción fue entonces cobrar un impuesto a los campesinos por su cosecha y a los comerciantes por la compra. En su discurso, las Farc insisten aún en que los campesinos siembran coca porque es el único producto que les permite sobrevivir y abjuran de cualquier relación de su organización con el narcotráfico. Los paramilitares, por su parte, siempre han tenido lazos con la droga, como se evidencia desde la creación del MAS hasta las declaraciones de Carlos Castaño. Pese a esto, sólo en 1997 las autoridades colombianas reconocieron los lazos de los parmilitares con el narcotráfico.
A continuación, el profesor Labrousse especificó la evolución de la relación entre las Farc y la droga. Acorde con las declaraciones de la 7 Conferencia nacional de la organización en 1982, hay un cambio en la relación. Algunos frentes en zonas estratégicas controlan zonas de producción, otros se implican en la producción de la amapola. A finales de los 90 son eliminados agentes intermediarios que compran y venden la cocaína. Pese a esta utilización de los recursos de la droga, las Farc siguen teniendo un enfoque social del problema de los productores. En un municipio del Caquetá, Cartagena del Chairá, propusieron un ambicioso plan de erradicación que abortó con el final de las negociaciones de paz, en 2002. Paralelamente, los paramilitares realizaron una ofensiva en el sur del país después de la demostración de fuerza de las marchas cocaleras de 1996, en regiones controladas por las Farc. Por esta razón, se han incrementado los enfrentamientos armados por el control de territorios, más allá de las razones de orden ideológico. Es difícil estimar los márgenes de ganancias generadas por la droga a estos dos grupos; algunos cálculos los sitúan en 40% de los ingresos para las Farc y en un monto superior para los paramilitares.
Finalmente, los lazos de las Farc con la economía de la droga han conllevado su pérdida de credibilidad, especialmente en Europa. Su caso ilustra tendencias más generales observadas en guerrillas de otras partes del mundo que han perdido el apoyo exterior para su financiación.
Ponentes:
Kimberly Stanton / Estados Unidos
Kimberly Stanton, en la actualidad, es la Directora Adjunta y la Directora de Investigaciones de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Recibió su doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Chicago, con especialización en la política comparativa y la teoría democrática. Empezó su vida laboral en gobierno estatal, enseñó a nivel universitario. Trabajó por varios años como investigadora y oficial de programa para la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur, con responsabilidad para hacer donativos en apoyo de los procesos de paz en Centroamérica, mejorar la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, y fortalecer los derechos humanos, entre otros temas. Después, fue directora de programa para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Ha hecho consultorías para varias fundaciones y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro de la junta directiva de la Oficina de Asuntos Colombianos en los Estados Unidos (USOC), la junta de asesores del Instituto Lexington, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), y Mujeres en Seguridad Internacional (WIIS).
Alain Labrousse / Francia
Francisco Thoumi / Colombia
Políticas agrícolas y movimientos sociales
Proceso histórico de la política agrícola en los países andinos.
Darío Fajardo / Colombia
Antropólogo, oficial de programas de la Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación, FAO, en Bogotá.
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Las poblaciones y las políticas de lucha contra la droga: el movimiento cocalero en Bolivia Dionicio Nuñez / Bolivia
Diputado de la República de Bolivia.
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¿Quiénes son los campesinos que cultivan la coca y la amapola? Los movimientos sociales frente a las políticas de erradicación de los cultivos de uso ilícito: el caso del Putumayo, Colombia, …
Maria Clemencia Ramírez / Colombia Antropóloga, investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en Bogotá.
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Comentarista Michel Agier / Francia
Antropólogo, Director de investigaciones en el Institut de Recherche pour le Développement, IRD
Este panel se constituyó con el objetivo de establecer una relación entre la actual situación de las regiones donde se producen los cultivos de uso ilícito, y la estructura histórica mediante la cual se ha desarrollado el sector agrario de los países de la Región andina. Así mismo, y bajo la misma perspectiva histórica, comprender cual es la situación de los cultivadores de coca, y conocer sus planteamientos y demandas en medio de la profunda crisis social y económica que los aqueja.
En su exposición, Darío Fajardo se refirió a la ausencia de una reforma agraria y de una política coherente que permita confrontar el problema de la concentración de la tierra y la productividad agrícola. Señaló algunos esfuerzos de solución a este problema: la Ley 200 de 1936, que fundamentalmente consistió en un reordenamiento de la propiedad, y la Ley 135 de 1961, presionada por los Estados Unidos en el marco de la Alianza para el progreso; sin embargo estas normas beneficiaron a muy pocos campesinos y sus resultados están lejos de equipararse a los alcances de una verdadera reforma agraria.
Así mismo, destacó cómo en las últimas décadas la indiferencia del Estado con el sector agropecuario en los países de la región se refleja en la ejecución de políticas económicas de corte neoliberal durante la década de los noventa, y más recientemente la implementación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estas medidas se contraponen al desarrollo sostenido de la economía agrícola y a la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de los países en cuestión. La apertura económica impulsó un impresionante ascenso de las importaciones de productos agrícolas que han ido en detrimento de las producciones agrícolas nacionales y entre otras repercusiones ocasionó la disminución en cerca de 800.000 hectáreas de cultivos por el efecto de las importaciones, la desaparición de la agricultura intermedia, el desmantelamiento progresivo de la industria y un aumento del desempleo. Por su parte, frente al TLC las condiciones de debilidad de los bienes agrícolas exportables de la región auguran una intensificación de la crisis.
Por su parte, María Clemencia Ramírez antes de destacar las características del movimiento cocalero en el Putumayo, se refirió a los distintos procesos de colonización que permitieron el poblamiento de las regiones de la amazonía colombiana y destacó la diferencia que existe entre ellos. Las primeras olas de colonización sobre la región del piedemonte amazónico (Guaviare, Putumayo, Caquetá) se remontan a la época de la Violencia, no sin antes destacar la llegada de los primeros pobladores desde finales del siglo XIX durante el auge de la producción del caucho. Destacó también que la ausencia del Estado en estas regiones se puede comprender a partir de la concepción histórica que se ha tenido de este territorio, considerado como un espacio salvaje ajeno a la sociedad y al interés de las élites dominantes y donde habitan seres desarraigados y marginales.
Argumentó que en este proceso, la población ha adquirido una identidad propia asociada al territorio, y demanda no ser estigmatizada y criminalizada al ser vinculada al narcotráfico. A través de la formación de una organización social buscan ser reconocidos como habitantes y ciudadanos colombianos con derechos, que se traducirían en una solución de sus condiciones económicas y sociales. La investigadora destacó también las dificultades por las que atraviesa este movimiento social al encontrarse en medio del conflicto armado colombiano.
Finalmente, Dionisio Núñez realizó una amplia exposición sobre los intereses del movimiento cocalero boliviano, a quien represente en el parlamento del país andino. En primer término hizo referencia a la presencia de la hoja de coca en Bolivia desde hace miles de años y en consecuencia el importante rol que juega en cultura boliviana. Defendió la necesidad de buscar alternativas que permitan la industrialización y productividad de la planta para evitar su utilización en la producción de productos ilícitos.
La decisión del Estado boliviano de reglamentar y erradicar un gran número de hectáreas de tierra en la región del Chapare a través de la ley 1008, condujo a la conformación del movimiento cocalero. Según Núñez, esta organización social además de defender el cultivo de un producto tradicional, es la única posibilidad rentable de subsistencia. A lo largo de la última década, los cocaleros bolivianos han mantenido una notable actividad política y social, lo que les ha permitido tener una importante representación en el parlamento boliviano y la posibilidad de asumir el control político en las próximas elecciones presidenciales.
la lucha contra las drogas y las consecuencias sociales
Presentación institucional
Mayor Juan Carlos Buitrago /Colombia
Europol.
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Cultivos intensivos de coca y de amapola en la selva: efectos sobre la salud
Adolfo Maldonado / Ecuador
Médico tropicalista, investigador de Acción Andina.
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Consecuencias sociales y culturales de 25 años de narcotráfico en Colombia
Alonso Salazar / Colombia
Periodista e investigador. Actualmente es secretario de gobierno de Medellín.
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Comentarista Alain Joxe / Francia
Sociólogo, Director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS.
Este panel tuvo como objetivo confrontar las estrategias y los programas para controlar la producción y el tráfico de drogas, con sus consecuencias sociales y culturales.
La primera exposición, realizada por el Mayor de la Policía Nacional colombiana, Juan Carlos Buitrago , informó sobre las políticas y programas gubernamentales que tienen como objetivo la lucha contra las drogas . Señaló los efectos del cultivo de coca, del procesamiento de la pasta de coca y de la deforestación sobre el ambiente. También enfatizó en la conexión entre la producción y el tráfico de drogas con el aumento de la capacidad militar y económica de los grupos armados ilegales. La política gubernamental busca principalmente la reducción de la producción de coca y con ésta, la reducción de la oferta de cocaína, a través del programa de fumigación aérea, la lucha contra el terrorismo y los programas de erradicación manual y desarrollo alternativo. El logro más importante señalado por el expositor es la reducción del área cultivada, medida por el sistema de monitoreo de la UNODC. Se han fumigado en los últimos 3 años, 352.694 hectáreas de cultivos de coca . Finalmente, el programa de campesinos y/o indígenas guardabosques, y de reinsertados tienen como objetivo la erradicación manual, la prevención de cultivos de coca y la protección de bosques.
El médico español Adolfo Maldonado presentó los resultados de sus investigaciones sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud de las poblaciones que habitan en la frontera del Ecuador con Colombia. A partir del año 2000 se intensifican las fumigaciones en los departamentos fronterizos con Ecuador, y es en ese momento que aumenta la preocupación por los efectos de estas fumigaciones.
Con base en datos epidemiológicos y en testimonios de la población ecuatoriana de esta zona, él muestra cómo la incidencia de ciertas patologías (fiebre, diarreas, cefaleas, tos seca, dermatitis, etc.) es mayor inmediatamente después de las fumigaciones y en las poblaciones cercanas a los sitios fumigados, que en poblaciones ubicadas en lugares más alejados. Sin embargo, las solicitudes de las organizaciones que realizaron el estudio y del mismo gobierno ecuatoriano no han sido respondidas satisfactoriamente por el gobierno colombiano.
El investigador y periodista Alonso Salazar centró su intervención sobre los impactos culturales de la lucha contra el narcotráfico sobre la sociedad colombiana, basado especialmente en sus investigaciones en la ciudad de Medellín. Esta intervención intentó dar algunas pistas sobre cómo se posicionaron las llamadas “clases emergentes” en los contextos sociopolíticos local y nacional; cómo los jóvenes se vincularon a la “cadena productiva” del narcotráfico y cómo vehicularon el consumo globalizado hacia los barrios más populares de la ciudad. Subrayó el rol de esta mafia en la arena política colombiana a finales de los 80 y mostró cómo una política gubernamental agresiva los “eliminó”, dando paso a una nueva etapa del narcotráfico en Colombia: la diversificación y especialización de las fases del negocio y la participación de diferentes sectores de la sociedad en las mismas.
El profesor francés Alain Joxe , centró su discusión enfatizando tres elementos clave que hacen de Colombia un país de interés internacional y un caso particular y muy diferente al de los otros países andinos, y bajo los cuales es necesario ubicarlo en el paisaje mundial: la producción de coca; la población (mano de obra) desplazada –“sin raíces”; y el petróleo. Señala que solamente un espacio político permitirá una eventual salida a la conflicto colombiano.
Durante el debate se subrayaron los siguientes aspectos:
- La no proporcionalidad entre la reducción de los cultivos y de la oferta de cocaína.
- La poca efectividad del programa de fumigación, en cuanto a la sostenibilidad de las hectáreas sembradas y erradicadas.
- La ingerencia de los Estados Unidos sobre las políticas andinas de lucha contra la droga.
- La ausencia de estudios que demuestren la inocuidad de las fumigaciones para la salud humana y el ambiente, o lo contrario.
- El cuestionamiento sobre la eficacia y sostenibilidad de los programas de desarrollo alternativo – o de guardabosques –.
- Los riesgos sociales y políticos de la conexión directa entre lucha contra la droga y el terrorismo.
DESARROLLO ALTERNATIVO: POSIBILIDADES Y LiMITacioneS
Balance de los programas de desarrollo sostenible y alternativo: los “cultivos de sustitución” Hugo Cabieses / Perú
Economista, Director del DRIS (Desarrollo Rural Integral Sustentable), investigador del CEPES y asesor de la Conpaccp (Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú).
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Desarrollo alternativo en « zonas de conflicto», en Colombia Ricardo Vargas / Colombia
Sociólogo, investigador asociado del TransNational Institute (TNI), en Amsterdam y director de la revista Acción Andina.
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Desarrollo alternativo en Bolivia. Pien Metaal / Holanda
Investigadora del Transnational Institute, TNI.
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Comentarista Amira Armenta / Holanda
Filósofa e historiadora, Investigadora del Transnational Institute, TNI.
La mesa se inicia con la presentación de Hugo Cabieses, economista peruano, Director del DRIS, investigador y asesor de la Confederación nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, quien en un primer momento denuncia la detención y condena a 10 años de prisión de uno de los líderes cocaleros, Nelson Palomino y las persecuciones de las cuales han sido objeto otros líderes de las marchas que recientemente han tenido lugar en el Perú.
La exposición de Cabieses se basa sobre las que él considera las “11 lecciones del desarrollo alternativo”, que parte de una concepción del Desarrollo Alternativo que vaya más allá de los elementos de tipo técnico, abordando elementos políticos.
Se releva, una vez más, la necesidad de diferenciar la Coca de la Cocaína y por esta vía, cambiar la igualdad que se le da al cultivador cocalero con el delincuente narcotraficante. Así mismo, destaca las implicaciones culturales y sociales, que tiene el cultivo de la coca para el campesino andino.
Por otro lado, plantea la necesidad de estudiar seriamente las articulaciones entre los mercados legales e ilegales de la hoja de coca, especialmente del caso peruano. De hecho, las medidas de erradicación de cultivos de coca traerá consecuencias que aún no es posible determinar sobre las relaciones entre estos dos mercados.
Ricardo Vargas, sociólogo colombiano, investigador y director de la revista “Acción Andina”, se concentra sobre las políticas internacionales para el control y la erradicación de la droga dentro de una perspectiva de seguridad, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del desarrollo alternativo.
Es necesario entonces, según el investigador, poner en perspectiva la conformación y articulación de redes globales y locales en un marco en el que la llamada lucha contra las drogas se equipara a una lucha contra el terrorismo. El ejemplo que ilustra su exposición es el “Plan Colombia” y su evolución reciente hacia el “Plan Patriota”, en el que la recuperación de la hegemonía del Estado esta basado en un programa militar sin que se propenda por un desarrollo institucional.
Por otro lado, resalta la dependencia que actualmente tienen los programas de Desarrollo alternativo, dado que éstos están supeditados a los ‘progresos’ en la erradicación de cultivos y no determinados por las condiciones socioeconómicas de las comunidades en las que se llevan a cabo. Esto lo lleva a afirmar que desde esta posición de privilegio del discurso de la seguridad, la dimensión social del problema se invisibiliza.
Finalmente el expositor hace un llamado para que este tipo de espacios que sirven de encuentro entre diferentes sectores académicos y políticos, se conviertan en espacios de proposición.
A partir de su experiencia específica en el caso boliviano, Pine Metaal, Politóloga consultora adscrita al programa ‘Drogas y democracia’ del Transnational Institute (TNI), hace un análisis del desarrollo alternativo en el marco de las políticas internacionales de lucha contra las drogas.
En un primer momento, retoma los convenios a los que se llegó entre los cocaleros bolivianos y el gobierno, en los que se insistió en la necesidad de hacer una pausa en la erradicación y se solicitó la desmilitarización del proceso.
Sin embargo, tanto el desarrollo alternativo como la erradicación de los cultivos dependen de las políticas que son definidas desde los niveles internacionales. La asimetría en las relaciones entre los países productores y consumidores está representada en la imposición que se hace a los primeros para el control de la oferta en la que prima la tolerancia cero hacia los cultivos de uso ilícito.
Por otra parte, del lado de los países consumidores hay un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas llevando al planteamiento de políticas de despenalización del consumo y de la disminución del daño. La emergencia de este nuevo paradigma ha planteado una clara división al seno de las entidades multilaterales que elaboran las políticas de lucha contra las drogas.
Por último como comentarista de las ponencias, la filósofa e historiadora del TNI, Amira Armenta, retoma algunas de las principales ideas de cada una de las exposiciones, lanzando el debate hacia la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo sobre el cual se pretende elaborar y ejecutar los programas alternativos al cultivo de plantas para usos ilícitos.
Fuente de todo ésto:GAC ) Grupo Actualidad Colombiana). Coloquio 2.004.
Ahora solo queda, creo, tu última propuesta.
Saludos.
Salvo error, y aunque no renuncio a encontrar información oficial de los partidos políticos, todas las formaciones de nuestro país, excepto IU, están por la penalización de las drogas.
Gracias, Jon, por el esfuerzo. Creo que un tema como este, y quedando pendiente la posición oficial de las formaciones políticas, más la postura de asociaciones antidroga (es decir prohibicionistas), merece estar en un blog como este. Es verdad que la percepción de las drogas por la ciudadanía española ha cambiado. Y de ahí los nuevos anuncios institucionales o gubernamentales varios. Y es seguro que ha bajado en el rankig de los temas que más preocupan. Tanto en su versión objetiva como en su repercusión real, que obedece, recuerdo, la primera a la respuesta a la pregunta del CIS: ¿Cuáles cree usted que son los tres principales problemas de España? y la segunda, a la respuesta que se da a la pregunta.¿Y de esos tres, cual es el que le afecta a usted?. No son literales, pero casi. Saludos.
De todos los datos aportados por Jonkepa quiero destacar éste: EN 1978, AÑO EN QUE SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN EN ESPAÑA, LA POBLACIÓN PRESA ERA DE 10.500 PERSONAS. Hoy hay 49.000, 6.000 de ellas en Catalunya. Y una mayoría de estas personas están en prisión porque han cometido delitos relacionados con la droga.
Mi primer contacto con el mundo de las drogas fue allá por los años 80, no es que yo fuera drogata pero si fue cuando conocí de cerca la realidad de los drogatas.
En otra discusión dije que yo tenía una relación muy intensa e importante con el mundo de la enseñanza, pues bien, por esos años y participando en unas colonias escolares en un pueblo de la provincia de València, en concreto en Chelva, en uno de los turnos de colonias se escapó un niño de apenas 9 años y que obligó al menos a otro que recuerde de 10 años a escaparse con él, ambos provenían del Tribunal Tutelar de Menores y ambos estaban ingresados por robos y delitos menores a los que habían llegado por culpa de las drogas. Hubo que movilizar a la Guardia Civil por aquella zona montañosa en su búsqueda, aparecieron al cabo de unos dias.
El mayor de los dos, cuando estaba libre, vivía en mi barrio y de vez en cuando me lo encontraba por la calle y charlábamos un rato, era un chaval muy majo cuando no estaba bajo la influencia de las drogas.
Algunos años más tarde vi su foto en la prensa a raíz de un atraco que había cometido, ya era mayor de edad y acabó en la carcel. No volví a saber de él. Pero conozco otros casos.
Es un tema importante y preocupante.
Fuente: Elaboración propia.