EL CRISOL    -    Pascual Mogica Costa

              Si hace unos días titulaba a uno de mis artículos “¡Pobre Comunidad Valenciana!” ahora toca el que afecta a nuestro país. Cada día que pasa los españoles estamos asistiendo a espectáculos escandalosamente bochornosos. Nos encontramos con Comunidades Autónomas que falsean sus cuentas, casos de Madrid y Valenciana, con bancos y cajas que no reflejan su situación con la debida claridad, con políticos de baja talla, tanto moral como intelectual, como es el caso de Esperanza Aguirre que apela a su derecho a expresarse libremente y sin embargo niega ese derecho a la libertad de expresión a los demás, o el caso del ministro de Cultura, yo más bien diría de “Incultura”, José Ignacio Wert, que se permite decir cosas tales como que “España tiene un problema con el dopaje” y que da la impresión de que cuando Rajoy estaba nombrando a sus ministros este señor pasaba por allí y no sé porqué se fijaron en él y le dieron el cargo.

     Pero el caso más bochornoso que se ha dado, a mi modo de ver, desde que estamos en democracia, es lo acaecido con el presidente del Tribunal Supremo (TS) y al mismo tiempo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar. Una institución como el CGPJ, el tercer poder del Estado, no puede dar espectáculos tan lamentables como el que ha tenido como protagonista a su presidente. Cuando todos esperábamos que en el pleno del CGPJ celebrado el pasado día 24 el presidente se dignaría dar algún tipo de explicación resulta que no, que él no tenía nada que explicar a nadie. Como es sabido cinco de sus miembros pidieron la dimisión de Carlos Dívar, del que se ha gastado el dinero, y siete pidieron la del denunciante, al que además han tachado de delincuente y desleal. Lo de delincuente está totalmente fuera de lugar, no es un delincuente quien denuncia un hecho irregular por mucho que exista una norma de 1996 en la que se dice los componentes del CGPJ no tienen que justificar en que se gasta el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes españoles, esto, a mi modo ver es totalmente improcedente, por no decir ilegal, ya que da lugar a que ocurran este tipo de cosas. En cuanto a lo de “desleal” está claro que quien ha calificado como tal al denunciante está acudiendo al corporativismo algo que se suele usar, en la mayoría de los casos, para aquello de “hoy te tapo yo y mañana me tapas tu a mí” lo que no es muy de alabar que digamos. Los vocales que han apoyado a Carlos Dívar, han dicho que “no concurrían” en los hechos “ni los elementos objetivos, ni los subjetivos de tipo penal” No hay elementos de tipo penal dada la norma establecida en 1996 cuyo contenido tiene más visos de autorizar una irregularidad, casi un delito diría yo, porque cuando se gasta el dinero público sin decir por qué y para qué se está cometiendo un hecho muy grave, imaginemos que por un momento esto pasa a ser también una cosa normal en los demás estamentos e instituciones de la Administración pública, sería un verdadero desmadre, la norma de 1996 aprobada por el CGPJ debería establecer una vía que conduzca a la transparencia y que vaya en contra de la opacidad o del oscurantismo.

    Cuando se habla de cuestiones penales, a alguien se le olvida que esta no es objeto de sanción de tipo penal, por la norma de 1996, pero sí está claro que nos hallamos ante una cuestión de tipo estrictamente ético y que esa  falta de ética viene dada por un acuerdo que beneficia solamente a aquellos que participaron en acordar y establecer esta norma. El culpable no es solamente el que comete un acto que es rechazado por la sociedad sino que también lo es aquel o aquellos, que se aprovecharon de su estatus para establecer una normativa que les permite llevar a efecto un acto que en realidad es delictivo: Gastar el dinero público sin justificación alguna. La norma de 1996 debe ser derogada de inmediato, si ello depende de los miembros del CGPJ que lo hagan ya y se evitaran comentarios entre la ciudadanía que les van a favorecer bien poco. ¡Pobre España! ¿Ha dimitido ya Carlos Dívar?